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Jus ad Bellum Cuba: el derecho de un pueblo a la insurrección!

 

26 mayo, 2026 · 3524 palabras · 18 min de lectura. 



Cuba 2026:Manifiesto sobre el derecho de un pueblo a resistir la tiranía.

I. Una escena, una cifra, una pregunta...

Kevin Samuel tiene quince años. Está preso en Cuba desde el 13 de marzo de 2026, después de protestar pacíficamente en Morón —sin armas, sin gritos de guerra, sin destruir nada— porque su abuela no tenía qué cenar y porque la electricidad llevaba dieciocho horas cortada. Su madre no sabe qué cargos exactos le imputan. Su padre tampoco. Su escuela no preguntó.

Esta es la Cuba de abril de 2026. Mil doscientos sesenta presos políticos documentados por Prisoners Defenders —cifra récord en la historia documentada de la isla—. Treinta y tres son menores de edad, algunos con la edad de Kevin Samuel. Ciento cuarenta y cinco son mujeres. Dos mil cuarenta y ocho personas han sido encarceladas por motivos políticos desde el 11 de julio de 2021. El 22 de enero de 2026, Lázaro García Ríos murió bajo custodia tras una huelga de hambre. Y mientras esto ocurre, el 33,9 % de los hogares cubanos reportan que alguien se acuesta sin cenar. Las muertes por desnutrición subieron un 74 % entre 2022 y 2023 —según las propias cifras oficiales del régimen, la ONEI—. En Granma, casi ocho de cada diez personas viven en inseguridad alimentaria.

La pregunta no es ideológica, sino elemental: ¿Cómo se llama un sistema político que produce esos números?

II. ¿Qué es realmente este régimen?

No es una "democracia imperfecta". No es un "país en transición". No es un "modelo alternativo". Las categorías técnicas de la ciencia política comparada lo dicen sin ambigüedad. Es un régimen cleptocrático kakistocrático totalitario, de partido único que prohíbe el pluralismo político, veta medios independientes, reprime el disenso y restringe severamente libertades civiles básicas.

Freedom House clasifica a Cuba como "Not Free", con 9 puntos sobre 100 de libertad global —entre los peores diez países del planeta—. V-Dem lo clasifica como autocracia cerrada (closed autocracy), la categoría reservada a regímenes donde no hay siquiera elecciones competitivas mínimas. Reporteros Sin Fronteras (RSF) la sitúa como el peor país de América Latina en libertad de prensa. Respecto a la libertad economica, tan importante para el desarrollo de la nación, ONU / UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) la describe como un “entorno altamente restrictivo para la inversión” con “ausencia de garantías jurídicas” y una “dependencia total de autorizaciones políticas”. Dando a Cuba como uno de los entornos más restrictivos del mundo para la inversión privada y extranjera.

En definitiva, todas las clasificaciones internacionales relevantes —Freedom House, V‑Dem, Economist Intelligence Unit, RSF, Heritage Foundation, HRW y Amnistía Internacional— coinciden en condenar al castrismo como un régimen autoritario, sin libertades políticas, económicas, de prensa, ni de expresión.

Pero las clasificaciones técnicas son tibias frente a la realidad estructural. El régimen cubano es, simultáneamente, cuatro de las peores categorías que ha producido la humanidad:

Totalitario en el sentido clásico de Hannah Arendt y Carl Friedrich: partido único constitucionalmente blindado (Constitución de 2019, arts. 4 y 5, que declaran "irrevocable" el sistema socialista y al PCC como "fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado"), ideología omnipresente, control monopolístico de los medios, terror selectivo, vigilancia comunitaria.

Cleptocrático: Es un sistema de gobierno donde quienes detentan el poder utilizan el Estado para enriquecerse, apropiándose de recursos públicos, empresas, divisas o bienes nacionales como si fueran patrimonio privado. La lógica central es el saqueo organizado y la corrupción estructural.

El conglomerado militar GAESA controla los sectores rentables —turismo, importación, remesas, hoteles— mientras un médico cobra el equivalente a 25 dólares al mes. La asimetría no es accidental: es la arquitectura del poder.

Kakistocrático: Significa literalmente “gobierno de los peores”. Describe un régimen dirigido por personas incompetentes, cínicas, corruptas o moralmente degradadas, donde la selección de cuadros se basa en la lealtad y no en la capacidad.

La selección de cuadros se hace por lealtad ideológica, no por competencia. De ahí los apagones de dieciocho horas, los hospitales sin medicinas, la agricultura colapsada, las colas de combustible que duran días.

Familiarista-hereditario: Describe un patrón de poder donde la familia controla el Estado, pero sin necesidad de que exista una monarquía formal. La herencia puede ser de facto, no de jure: la familia funciona como núcleo de poder, aunque el régimen no se declare dinástico.

El poder pasa de hermanos a yernos a sucesores designados, sin que el pueblo haya sido jamás consultado. Bolívar lo advirtió en Angostura en 1819: "nada es tan peligroso como dejar permanecer largo tiempo en un mismo ciudadano el poder. El pueblo se acostumbra a obedecerle, y él se acostumbra a mandarlo; de donde se origina la usurpación y la tiranía".

Esto es Cuba en 2026. No por casualidad. Por diseño.

III. La inversión moral del "mal cubano".

El régimen ha construido, durante seis décadas, una arquitectura simbólica invertida. La operación es sencilla y brutal: llamar "malos cubanos", "violentos", "extremistas", "mercenarios" o "terroristas" a quienes resisten. Pero la verdad moral, jurídica e histórica es exactamente la inversa, y debe decirse con la fuerza que merece:

Mal cubano no es quien resiste la tiranía. Mal cubano es quien convierte la patria en cárcel, la ley en mordaza, el hambre en método de control y la obediencia en prueba de patriotismo.

Mal cubano no es quien denuncia la opresión: es quien la administra. No es quien exige libertad: es quien la secuestra. No es quien reclama derechos: es quien los convierte en concesiones revocables del poder.

La doctrina clásica lo entendió hace ochocientos años. Tomás de Aquino, en la Summa Theologiae (II-II, q. 42, a. 2, ad 3), escribió la frase que el régimen cubano no quiere que recuerdes: "Más bien es el tirano quien comete sedición". El verdadero sedicioso no es necesariamente quien se opone al gobierno. Es el gobierno que ha roto primero el pacto que justificaba la obediencia política. La resistencia, en ese marco, no es violencia originaria: es respuesta límite ante una violencia previa, estructural y sistemática —la del poder que cancela la ciudadanía, degrada la ley, monopoliza la patria y exige sumisión como si fuera virtud cívica—.

IV. La fábrica del enemigo: cómo opera la mecánica totalitaria.

Los totalitarismos del siglo XX descubrieron que podían simular un objetivo superordinado fabricando un enemigo común. Un objetivo superordinado, en psicología social, es una meta tan grande o tan urgente que obliga a grupos rivales a cooperar. En condiciones normales es un mecanismo prosocial. Bajo un régimen totalitario, se convierte en instrumento de dominación.

El castrismo lleva sesenta y cinco años perfeccionando esta tecnología. Inventa o exagera una amenaza existencial. Define la supervivencia nacional como objetivo supremo. Exige alineamiento absoluto con el poder. Transforma toda disidencia en traición. Por eso necesita un enemigo permanente: sin enemigo, pierde su coartada fundacional. Primero fue el "batistiano"; luego el "contrarrevolucionario"; después el "gusano", el "agente de la CIA", el "mercenario", el "anexionista"; ahora, el "terrorista". Cambia la etiqueta. La función no cambia: cohesionar al grupo dominante, justificar el control social, neutralizar la crítica interna, desviar la atención del fracaso estructural y convertir la obediencia en virtud patriótica.

Hay un ejemplo histórico que conviene recordar. Después de Bahía de Cochinos, la amenaza de invasión norteamericana fue real —Operación Mongoose existió—. Pero tras la Crisis de Octubre de 1962, cuando Kennedy y Jrushchov llegaron al entendimiento estratégico que vinculaba la retirada de los misiles soviéticos con la garantía estadounidense de no invadir Cuba, el riesgo cambió de naturaleza. El régimen, sin embargo, siguió explotando la amenaza externa como combustible doméstico.

Pronto, la invasión inminente se volvió mito administrativo del poder: siempre próxima, siempre útil, siempre reciclable. La función ya no era defensa territorial. Era militarización de la conciencia nacional, justificación del partido único, criminalización del disenso. Todavía hoy, en 2026, cada apagón se atribuye al "bloqueo", cada protesta a "agentes de la CIA", cada disidente a "mercenarios". La estructura discursiva es la misma. La función política, también.

El mecanismo se cierra con cuatro pasos clínicamente identificables: primero se deshumaniza al disidente ("escoria"); luego se desnacionaliza ("apátrida", "excubano"); después se criminaliza ("terrorista"); finalmente se justifica la violencia estatal como si fuera defensa patriótica. La represión deja de parecer abuso. Se disfraza de profilaxis nacional. Quien necesita deshumanizar a sus propios ciudadanos para gobernarlos ya ha perdido toda legitimidad moral. Un poder legítimo debate con sus críticos. Un poder autoritario los censura. Un poder totalitario los convierte en no-personas.

V. Lo que el régimen desde temprano cerró: el inventario de las vías pacíficas.

El régimen no puede acusar al pueblo de "violencia" cuando ha sido él quien, durante sesenta y siete años, ha clausurado meticulosamente todas las vías pacíficas de cambio. El inventario es exhaustivo y documentable:

  • Vía electoral: cancelada. No hay elecciones competitivas desde 1958. La Constitución de 2019 las prohíbe expresamente.
  • Vía judicial: capturada. Los tribunales son explícitamente "del Partido" —lo admitió en video filtrado el magistrado Remigio Ferro en 2022—.
  • Vía parlamentaria: totalmente ornamental. La Asamblea Nacional aprueba por unanimidad o casi unanimidad cada propuesta del Buró Político (desde arriba para abajo).
  • Vía petitoria: silenciada. El Proyecto Varela presentó 11.020 firmas verificadas el 10 de mayo de 2002. La respuesta fue la "Primavera Negra" de 2003 y 75 disidentes encarcelados.
  • Vía periodística: criminalizada. El régimen tiene la Ley 35 de Comunicación Social que convierte el periodismo independiente en delito.
  • Vía asociativa: prohibida. No se puede constituir un partido, un sindicato independiente, una ONG no controlada por el Estado.
  • Vía religiosa: hostigada. Pastores, sacerdotes y laicos comprometidos con derechos humanos son sistemáticamente perseguidos.
  • Vía artística: castigada. Movimiento San Isidro, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara.
  • Vía cívica masiva: reprimida. El 11 de julio de 2021 fue la mayor protesta popular espontánea desde 1959. La respuesta fue una muerte (Diubis Laurencio), miles de detenidos y condenas de hasta 22 años por "sedición".

¿Qué vía pacífica quedó intacta? Ninguna. ¿Y entonces se le llama "terrorismo" a quien aún se atreve a pedir comida en la calle?

VI. Esto no es extremismo: es constitucionalismo democrático históricamente heredado.

El derecho de un pueblo a resistir un gobierno que destruye sus derechos no es una rareza cubana, ni una retórica del exilio, ni un invento del siglo XXI. Está escrito —literalmente— en algunos de los textos constitucionales más importantes de los últimos 250 años.

Virginia, 12 de junio de 1776, art. 3 de la Declaración de Derechos: el pueblo tiene un derecho "indudable, inalienable e inderogable" a reformar, alterar o abolir un gobierno contrario al bien común.

Estados Unidos, 4 de julio de 1776, Declaración de Independencia de Jefferson: cuando una larga cadena de abusos revela el designio despótico, el derecho de resistencia se convierte en deber.

Francia, 1789, Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, art. 2: "la resistencia a la opresión" es uno de los cuatro derechos naturales del hombre, junto a la libertad, la propiedad y la seguridad.

Cuba, 5 de julio de 1940, Constitución, art. 40: "Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente". Es derecho positivo cubano. Nunca fue derogado por procedimiento democrático.

Alemania, 1968, art. 20.4 de la Grundgesetz: tras la experiencia del nazismo, los alemanes incorporaron por ley que "todos los alemanes tienen derecho a resistir a cualquiera que intente abolir este orden, si no hubiere otro remedio". Esta cláusula es el argumento más difícil de descalificar: surge precisamente de una democracia que aprendió, después del totalitarismo, que un pueblo no puede quedar jurídicamente indefenso cuando el orden constitucional es secuestrado desde el poder.

Grecia, 1975, art. 120.4 de la Constitución, tras la dictadura de los coroneles: el derecho y el deber de los griegos de resistir por todos los medios a quien intente abolir la Constitución por la violencia.

Portugal, 1976, art. 21, tras el salazarismo: el derecho a resistir y a repeler por la fuerza cualquier agresión.

Honduras, 1982, art. 3: "El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional".

Cuando el pueblo cubano invoca el derecho de resistencia, no apela al caos. Apela a la misma tradición democrática universal que después del nazismo escribió el artículo 20.4 alemán, y que después del salazarismo y la dictadura griega escribió cláusulas idénticas. No somos una excepción violenta. Somos parte de una tradición civilizatoria.

A esta tradición se suma el Preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que consagra el derecho de los pueblos al "supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión" cuando los derechos humanos no están protegidos por un régimen de derecho.

VII. Martí y la guerra culta: el aporte cubano al derecho universal.

Y en este edificio doctrinal, el cubano José Martí ocupa un lugar propio. No solo organizó la "guerra necesaria" de 1895 como último recurso tras treinta años de reformismo frustrado —cumpliendo escrupulosamente el criterio de ultima ratio—. Añadió algo que ningún teórico anterior había formulado con esa precisión: la "guerra culta". La rebelión legítima —escribió en el Manifiesto de Montecristi— no puede parecerse a la tiranía que combate. No puede atacar civiles. No puede torturar. No puede convertir la justicia en venganza.

"Los cubanos empezamos la guerra, y los cubanos y los españoles la terminaremos. No nos maltraten, y no se les maltratará. Respeten, y se les respetará".

Esa cláusula —el séptimo criterio cubano del jus ad bellum— es la diferencia entre Maceo, que respetó al prisionero español en Baraguá, y el régimen que tortura hoy a los presos políticos. Es la diferencia entre Martí —"con todos y para el bien de todos"— y un régimen que excluye constitucionalmente a la mitad de la nación. Es la condición sine qua non de cualquier transición cubana legítima: no luchamos para cambiar de verdugo. Luchamos para que no haya verdugos.

VIII. A las puertas de otro "Holodomor cubano": una cuestión médica antes que política.

Y aquí debo hablar como médico, porque la magnitud del crimen no es ideológica: es clínica. Entre 1991 y 1993, durante el llamado eufemísticamente "Período Especial en Tiempo de Paz", una epidemia de neuropatía óptica y periférica afectó a más de 50.862 cubanos —cifra documentada por el Centro para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC, Morbidity and Mortality Weekly Report, 1994)—. El New England Journal of Medicine publicó el estudio en 1995. Las manifestaciones clínicas correspondían a deficiencias severas de tiamina, folato, vitamina B12 y proteínas.

Un país no se queda parcialmente ciego por accidente. Un país se queda parcialmente ciego cuando una política consciente le roba la proteína, la vitamina y, sobre todo, la libertad económica para procurárselas. El Estado cubano controlaba —y controla— la tierra, la importación, la distribución, los hospitales, las estadísticas, la ayuda exterior y la represión de cualquier mercado alternativo. El argumento del régimen —"fue el bloqueo, fue la caída de la URSS"— es médica y jurídicamente insuficiente. Otros países sufrieron shocks externos similares sin epidemias de neuropatía carencial. Lo que producen 50.862 cuerpos con daño neurológico carencial es una política interna que prefirió mantener el monopolio antes que dejar al pueblo comer. Eso fue el Holodomor cubano 1.0.

Lo que ocurre hoy es la alerta temprana del Holodomor 2.0. No la repetición exacta —no por sequía ni por una sola causa identificable—, sino la degradación acumulativa: monopolio estatal, colapso productivo, captura militar de recursos por GAESA mientras se construyen hoteles, inflación devastadora, apagones prolongados, éxodo de un millón de cubanos entre 2022 y 2025, envejecimiento poblacional, deterioro sanitario, +74 % de muertes por desnutrición.

La pregunta médica es directa: ¿Cuántas neuropatías estamos viendo o a punto de ver ya en 2026 que el régimen no reportará? ¿Cuántas mujeres embarazadas con anemia severa? ¿Cuántos ancianos muertos por causas que en cualquier país libre serían evitables?

IX. La acusación jurídica: exterminio por privación.

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en su artículo 7.2.b, define con precisión meridiana lo que está ocurriendo:

"Por 'exterminio' se entenderá la imposición intencional de condiciones de vida, entre otras, la privación del acceso a alimentos o medicinas, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población."

Existen fundamentos razonables —no sentencia dictada aún, que es el estándar jurídico requerido para abrir una investigación internacional independiente— para investigar a la cúpula histórica y actual del régimen cubano, y a los órganos decisorios del Partido Comunista de Cuba, por posibles crímenes de lesa humanidad en las modalidades de exterminio por privación (art. 7.1.b y 7.2.b), persecución política (art. 7.1.h), tortura (art. 7.1.f) y otros actos inhumanos (art. 7.1.k). La individualización penal es trabajo de una eventual jurisdicción competente. Lo que aquí se exige es que la investigación se abra.

X. Declaración ética y benchmark de salida.

Esta campaña no llama a la violencia. Acusa al régimen de haber destruido las condiciones de la paz civil. La diferencia es jurídica, no retórica.

No promovemos terrorismo, ataques contra civiles, tortura, represalias, ejecuciones extrajudiciales ni violencia indiscriminada. El derecho de resistencia, conforme a la doctrina martiana de la guerra culta y al artículo 3 común de los Convenios de Ginebra, está subordinado a la vida, a la dignidad del adversario, al debido proceso y a la prohibición absoluta de los medios intrínsecamente perversos. La Cuba libre no puede nacer copiando los métodos del régimen.

Y por lo mismo, esta campaña ofrece una salida. Si el régimen libera a todos (más de 1.260) los presos políticos, permite ayuda humanitaria independiente, abre elecciones libres con observación internacional, restaura la libertad de prensa y de asociación y reconoce el pluralismo político, la cuestión del recurso último pierde toda urgencia inmediata. La pelota está, jurídica y moralmente, en el campo del régimen.

Pero si la tiranía insiste en cerrar todas las puertas pacíficas, la responsabilidad histórica del escalamiento no será del pueblo que resiste. Será del poder que lo dejó sin salida.

XI. El llamado.

Esto es un llamado a todos mis compatriotas, mis coterráneos. Cuba no pertenece al Partido Comunista. No pertenece a GAESA. No pertenece a la Seguridad del Estado ni a su policía política. No pertenece a una cúpula hereditaria de la familia Castro-Ruz. No pertenece a los carceleros, a esbirros, ni a chivatos.

Cuba pertenece a los cubanos.

Por Kevin Samuel, de 15 años, que está preso por pedir cena para su abuela. Por los 33 niños cubanos encarcelados en este momento. Por las 145 mujeres presas de consciencia. Por Lázaro García Ríos, otro de los muerto bajo custodia en enero de 2026. Por los 2.048 presos políticos y de consciencia acumulados desde el 11J. Por los 50.862 ciegos del Período Especial. Por los niños que se llevan algo a la boca una vez al día. Por los médicos cubanos sin medicamentos, y los desterrados por denunciarlo. Por los periodistas sitiados, y los que sobreviven en el exilio. Por las Damas de Blanco golpeadas en las calles. Por los muertos no contados, que son los que más duelen. Por los desaparecidos en el mar, en la selvas, en manos de traficantes de personas. Por la diáspora, los disidentes, los que siempre estuvieron claros.

Liberen a todos los presos políticos cubanos. Abran una vía democrática real. Investiguen los crímenes contra la población. Eviten otro Holodomor en el Caribe.

Por todos ellos, y por cada cubano, firma esta petición. Y pide a los tuyos que la firmen.

Firma aquí: [ https://www.change.org/Jus-ad-bellum-Cuba]

Que no nos llamen terroristas por pedir pan, libertad y que nuestros hijos no mueran de hambre ni en prisión.

Patriam per concordiam. Veritas libertatis praesidium.

 






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