Descubre análisis profundos sobre Neuropolítica, sociología, psicología social y sociedad en Cuba. Únete a la discusión sobre derechos humanos, libertad y democracia.
Prohibido olvidar. Cuba y Sudáfrica: una misma medida moral.
En junio de 1990, Nelson Mandela compareció ante el Comité Especial de las Naciones Unidas contra el apartheid. Había pasado veintisiete años en prisión. Sudáfrica comenzaba a cambiar: organizaciones proscritas habían sido legalizadas, presos políticos habían sido liberados y el gobierno de F. W. de Klerk había abierto una negociación que poco antes parecía imposible.
Mandela celebró esos cambios, pero se negó a confundirlos con libertad.
El 22 de junio declaró ante Naciones Unidas que “there should be no relaxation of existing measures” y pidió mantener las sanciones impuestas por la ONU y por gobiernos individuales. Meses antes, al salir de prisión, había pedido a la comunidad internacional continuar aislando al régimen del apartheid y advirtió que levantar las sanciones podía frustrar el proceso hacia su “complete eradication”. De su posición se desprendía un criterio práctico: las primeras concesiones no bastaban mientras no existiera evidencia clara de cambios profundos e irreversibles.
Su principio era sencillo y sigue siéndolo. Liberar algunos presos no desmantela el aparato que permitió encarcelarlos. Autorizar ciertos espacios económicos no crea libertad económica, ni política. Tolerar determinados márgenes de expresión no establece pluralismo. Negociar no equivale a democratizar.
Una concesión del poder no es la transformación del poder.
Treinta y seis años después, Cuba obliga a formular una pregunta que Naciones Unidas no debería continuar eludiendo:
¿Qué diferencia moralmente relevante justificaría aplicar a los cubanos un principio distinto?
Una soberanía que el ciudadano no puede ejercer.
El apartheid en Sudáfrica convirtió la raza en instrumento jurídico de dominación. El castrismo en Cuba construyó una arquitectura de dominación diferente.
La Constitución cubana vigente afirma que la soberanía reside en el pueblo. Pero esa misma Constitución declara irrevocable el sistema socialista; establece que el Partido Comunista de Cuba es “único” y la “fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado”; y su artículo 229 dispone que la irrevocabilidad del socialismo no puede ser reformada.
La contradicción está escrita en la propia norma fundamental. El ciudadano es proclamado soberano, pero no dispone de un mecanismo constitucional ordinario para sustituir mediante competencia multipartidista al partido situado por encima del Estado.
Por eso el sistema cubano combina dos fenómenos distintos: privación política universal y discriminación ideológica diferencial.
La privación es universal. Ningún cubano —comunista, indiferente o disidente— puede organizar legalmente una alternativa partidista que sustituya al Partido Comunista mediante elecciones pluralistas.
La discriminación es diferencial. Quienes desafían ese monopolio mediante oposición política, periodismo independiente, asociación, creación artística o protesta soportan riesgos que quienes se acomodan al sistema no soportan en igual medida. El problema puede expresarse sin retórica.
¿Puede el ciudadano organizar una oposición con posibilidades legales de alcanzar el gobierno?
¿Puede una mayoría social convertirse pacíficamente en una mayoría gubernamental contraria al Partido Comunista?
¿Puede el electorado decidir que desea abandonar el sistema que la Constitución declara irrevocable?
¿Puede sustituir a quienes gobiernan sin exponerse a criminalización o represalias?
Ninguna mayoría ciudadana dispone del instrumento institucional ordinario de las democracias para decir pacíficamente: ustedes se van; queremos que gobiernen otros. El castrismo establece una desigualdad política fundamental entre el ciudadano y el aparato que monopoliza el poder. Ésa es una forma de discriminación político-ideológica institucionalizada.
Esa arquitectura no termina en la Constitución. El Código Penal de 2022 sanciona, entre otras conductas, el ejercicio que califica de «arbitrario» de derechos constitucionales cuando se considere que pone en peligro el orden constitucional; mantiene el delito de sedición y tipifica la «propaganda contra el orden constitucional». La protección penal del «orden constitucional socialista» convierte así el monopolio político en una estructura no sólo normativa, sino también coercitiva.
La Declaración Universal de Derechos Humanos responde con un estándar mucho más sencillo que cualquier doctrina revolucionaria: «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público». Y exige que esa voluntad se exprese mediante elecciones auténticas y periódicas.
No existe plena autodeterminación nacional cuando al ciudadano se le niega la autodeterminación política.
¿Hasta cuándo seguirá el ciudadano cubano sin poder sustituir pacíficamente y sin temor a represalias a quienes gobiernan?
La ONU ya decidió que la soberanía no basta para cerrar los ojos.
En 1962, la Asamblea General creó el “Comité Especial contra el Apartheid”. Ese acto estableció algo fundamental: existen estructuras internas de dominación que no pueden esconderse indefinidamente detrás de la palabra soberanía.
La presión internacional contra Pretoria no fue simbólica. Incluyó aislamiento diplomático, embargo de armas, desinversión, restricciones financieras y comerciales, boicots deportivos y culturales y campañas para cortar incluso el suministro de petróleo.
El 8 de julio de 1963, Patrick Duncan, representante del Pan Africanist Congress, defendió ante el Comité Especial la presión petrolera. Ese mismo año, el 13 de noviembre, la Asamblea General aprobó la Resolución 1899 (XVIII), que incluyó la petición de abstenerse de suministrar petróleo a Sudáfrica. Hay una ironía histórica imposible de ignorar: Cuba votó a favor.
La política continuó durante décadas. En 1979, la Asamblea General aprobó específicamente una resolución titulada “Oil embargo against South Africa”: Cuba votó a favor. En 1987 volvió a hacerlo por 138 votos contra 4 y 12 abstenciones: Cuba volvió a votar a favor y, además, figuró entre los patrocinadores del proyecto.
No se trataba de sanciones quirúrgicas. En 1987 la Asamblea reclamaba, entre otras medidas, embargo petrolero, restricciones a inversiones y créditos, prohibiciones sobre determinadas importaciones y mantenimiento de los boicots deportivos y culturales. El petróleo no abastecía solamente a ministros, policías y militares. Movía ambulancias, alimentos, industrias, transporte y agricultura. Era un insumo de toda la economía.
Quienes defendían aquellas medidas conocían las externalidades. Aun así, la existencia de costes indirectos sobre inocentes no fue considerada, por sí sola, argumento suficiente para invalidar necesariamente ni el escrutinio internacional, ni toda presión económica.
La pregunta era también cuánto costaba permitir que el sistema continuara. Ésa es la distinción que hoy suele desaparecer: la legitimidad moral de ejercer presión y el diseño óptimo de esa presión son preguntas diferentes.
Ni siquiera las víctimas del apartheid hablaban con una sola voz.
También conviene desmontar otro mito. Las víctimas del apartheid no fueron unánimes respecto de las sanciones. Mangosuthu Buthelezi, opositor al apartheid y dirigente de Inkatha, se enfrentó al ANC precisamente por este asunto. Argumentó que sanciones y desinversión destruirían empleos, perjudicarían a trabajadores negros y deteriorarían la economía que algún día heredaría la mayoría. Su oposición fue pública, reiterada y políticamente relevante. La comunidad internacional conocía esa división. Y no concluyó que la falta de unanimidad entre los oprimidos convertía en ilegítima toda presión.
Esto importa para Cuba.
Los cubanos tampoco tienen una opinión única sobre sanciones, negociación o aislamiento. No debe intentarse fabricar una unanimidad que no existe. Pero resulta igualmente absurdo exigir a una sociedad sin pluralismo partidista, sin prensa nacional, ni ONG independientes, y sin mecanismos libres de deliberación que demuestre primero, mediante procedimientos representativos, cuál es su voluntad colectiva respecto de la política internacional.
El sistema que impide medir libremente esa voluntad no puede utilizar después esa imposibilidad como prueba de consentimiento.
La comparación entre Sudáfrica y Cuba no afirma que ambos sistemas sean jurídicamente idénticos. No lo son. El apartheid poseía una arquitectura racial específica, una tipificación internacional propia y un contexto regional diferente. Pero de esas diferencias no se deduce que todos sus principios morales sean intransferibles.
Conviene separar tres cuestiones: Analogía moral no significa equivalencia jurídica. Universalidad del principio no significa uniformidad del instrumento. Legitimidad de la presión no significa que cualquier forma de presión sea legítima, eficaz o proporcionada.
Esa diferencia jurídica tampoco convierte la persecución política en una categoría irrelevante para el derecho internacional. El artículo 7.1.h del Estatuto de Roma reconoce la persecución por motivos políticos como posible crimen de lesa humanidad cuando, además de formar parte de un ataque generalizado o sistemático contra población civil, concurre el nexo exigido con otro acto del artículo 7 o con un crimen de competencia de la Corte. Cuba no es Estado Parte del Estatuto; la referencia se emplea aquí como estándar jurídico internacional, no como afirmación de jurisdicción de la CPI.
El hecho de que Cuba no sea Sudáfrica no responde la pregunta central. Sólo la hace más precisa:
¿Cuál es la diferencia moralmente relevante que convertiría en intolerable la dominación política en un caso y en asunto secundario en el otro?
Los límites de la gratitud: la paradoja Mandela–Castro.
La grandeza histórica de Mandela tampoco exige convertirlo en un hombre infalible.
El 21 de junio de 1990, un día antes de reclamar ante Naciones Unidas que las sanciones contra Pretoria continuaran, Mandela participó en un “town meeting” de ABC en City College, Nueva York. Ken Adelman lo interrogó sobre sus relaciones con Fidel Castro, Muammar Gaddafi y Yasser Arafat. Mandela defendió esas alianzas sobre una base explícitamente política: la actitud del ANC hacia otros países estaba determinada por la actitud de esos países hacia su lucha. Describió a Arafat como “a comrade in arms”. Más tarde, Henry Siegman reprochó a esa lógica mostrar “a certain degree of amorality.”
No hace falta atribuirle sentimentalismo. Mandela declaró su criterio. Quienes habían ayudado al ANC conservaban su lealtad, aunque su conducta interna planteara problemas de derechos humanos.
Ahí reside la paradoja. El hombre que reclamaba correctamente que el mundo no fuese neutral frente a la opresión que él sufría podía mostrarse mucho menos exigente cuando el poder cuestionado pertenecía a quienes habían contribuido a su propia liberación.
La pregunta moral es demoledoramente sencilla: ¿puede quien exige que el mundo no cierre los ojos ante la opresión que él padece permitirse cerrar los ojos ante la opresión ejercida por quienes lo ayudaron?
La gratitud explica esa lealtad. No resuelve su contradicción moral. El problema, sin embargo, trasciende a Mandela. Es el universalismo selectivo que pueden producir las alianzas políticas: el aliado que contribuyó a una liberación recibe un escrutinio moral menor cuando restringe la libertad de otros. Esa lógica puede explicar una lealtad histórica; no puede convertirse en criterio universal de derechos humanos.
Quien reclama una sola medida moral frente a sus opresores debe aceptar esa misma medida cuando el opresor es su aliado.
Una resolución sobre Washington no puede convertirse en coartada de absolución del régimen castrista en La Habana.
Cuba no comenzó con el embargo ni termina en Washington. Y tampoco la arquitectura represiva nació como respuesta al embargo integral de 1962. Desde enero de 1959 ya se documentaban ejecuciones y tribunales revolucionarios sumarios; en febrero la embajada estadounidense describía restricciones de libertades y autocensura de la prensa, y antes de terminar ese año se habían aprobado normas extremadamente amplias contra las llamadas actividades «contrarrevolucionarias». El embargo comercial integral estadounidense fue proclamado en febrero de 1962. Puede discutirse cuánto agravaron después las sanciones las condiciones cubanas; no pueden explicar causalmente el origen de mecanismos represivos que las precedieron.
El 29 de octubre de 2025, 165 Estados votaron a favor de la resolución de la Asamblea General que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba. Es perfectamente posible considerar el embargo erróneo, desproporcionado o contraproducente sin convertir esa crítica en una absolución política del sistema cubano: juzgar la política de Washington y juzgar los derechos que La Habana niega a sus ciudadanos son obligaciones intelectuales distintas.
Ese voto expresa una oposición internacional amplia a la política estadounidense.
Eso no determina, sin embargo, la naturaleza del sistema político cubano. No convierte al Partido Comunista en pluralista. No libera a un preso. No crea una prensa independiente. No legaliza a la oposición. No introduce separación efectiva de poderes. No permite la alternancia. No modifica los artículos 4, 5 y 229 de la Constitución. Ni devuelve al ciudadano cubano el derecho a decidir qué sistema político quiere.
Ése ha sido uno de los grandes desplazamientos narrativos del castrismo: Se discute durante horas qué puede hacer otro Estado con Cuba. Y prácticamente nada, sobre cómo ayudar al cubano a decidir políticamente sobre su propio Estado.
Una votación contra Washington no puede transformarse intelectualmente en un voto de confianza hacia el régimen castrista en La Habana.
«Cuba acaba desapareciendo detrás de Washington. Los cubanos desaparecen detrás del embargo. La estructura del poder desaparece detrás de la geopolítica.»
La igualdad soberana entre Estados no puede significar desigualdad soberana entre gobernantes y gobernados.
La Carta de Naciones Unidas protege la igualdad soberana de los Estados. Pero el sistema internacional posterior a 1945 también construyó, precisamente sobre las ruinas del totalitarismo, una arquitectura de derechos humanos fundada en otra idea: el individuo no pertenece al Estado.
La soberanía no concede licencia ilimitada sobre seres humanos. No la concedió en Sudáfrica. No debería concederla en Cuba.
Existe una contradicción moral cuando la comunidad internacional examina minuciosamente las restricciones que una potencia extranjera impone al Estado cubano, pero muestra mucha menor determinación institucional frente a las restricciones que ese mismo Estado-Gobierno-Partido impone a sus propios ciudadanos.
El comercio importa. La energía importa. Los medicamentos importan. La soberanía importa. Pero también importa algo anterior: la libertad del ser humano que supuestamente justifica la existencia del Estado.
¿Cuántos Mandela necesita Cuba?
Mandela pasó veintisiete años en prisión y el mundo aprendió a pronunciar su nombre convirtiéndolo en símbolo de dignidad frente al poder.
Cuba tuvo a Huber Matos, comandante de la propia Revolución, condenado a veinte años después de denunciar su deriva comunista; a Armando Valladares, veintidós años encarcelado y reconocido como prisionero de conciencia; a Mario Chanes de Armas, combatiente del Moncada y del Granma, que pasó casi treinta años en prisión. Y detrás de ellos permanecen miles de historias de presidio, fusilamiento, persecución, destierro y familias destruidas que iniciativas civiles del exilio siguen rescatando de un país cuyos archivos represivos continúan cerrados al escrutinio independiente.
Los cubanos perseguidos también han pedido durante décadas que el mundo no confunda a Cuba con quienes la gobiernan, ni al pueblo con el Estado-Partido que lo somete.
No fue una sola generación. La oposición cubana al nuevo régimen tampoco nació como creación artificial de una política estadounidense posterior. Documentos oficiales estadounidenses de 1962 registran que José Miró Cardona y otros dirigentes del Cuban Revolutionary Council reclamaban acciones mucho más firmes contra Castro, incluida acción militar. Otro memorando describía la frustración de sectores del exilio porque el aislamiento decidido tras Punta del Este y el embargo comercial no habían sido seguidos por medidas aún más contundentes.
Aunque eso no convierte automáticamente esas demandas en correctas. Sí destruye una simplificación histórica: hubo cubanos perseguidos y exiliados que reclamaron presión exterior contra un poder al que ellos mismos estaban dispuestos a enfrentarse.
“Please don’t desert us.” Fue el ruego de la Brigada 2506 en Bahía de Cochinos, mientras Washington negaba la cobertura aérea directa y el apoyo decisivo que la Brigada reclamaba. Más de mil terminaron prisioneros y, para generaciones de cubanos, aquel episodio quedó marcado por una palabra: abandono.
Mientras tanto el telón de fondo siempre fue un presidio político que tuvo también nombres y cadáveres: Pedro Luis Boitel, opositor a Batista y luego al castrismo, murió el 25 de mayo de 1972, después de 53 días de huelga de hambre y once años de prisión en el Castillo del Príncipe, mientras la CIDH reclamaba información urgente sobre su estado. Cuando ya no le quedaba libertad, convirtió su propio cuerpo en la última frontera frente al Estado. Murió en ella.
El 5 de agosto de 1994, en pleno “Período Especial” eufemismo castrista para nombrar una crisis de hambruna, apagones y extrema penuria políticamente generados, volvió a levantarse La Habana. Fue el Maleconazo, y el aparato estatal respondió reprimiendo la protesta. La profundidad de aquella crisis dejó incluso una huella clínica mensurable: entre 1992 y enero de 1994 fueron identificados 50.862 casos de neuropatía óptica y periférica; investigaciones posteriores vincularon la epidemia con una reducción de la ingesta nutricional en el contexto del deterioro económico cubano.
En 2002, Oswaldo Payá desafió pacíficamente al castrismo con el Proyecto Varela, reuniendo miles de firmas para reclamar libertades y cambios políticos por vías legales. Diez años después, Payá y Harold Cepero murieron en un siniestro que la CIDH, tras valorar testimonios y otros elementos, vinculó mediante indicios serios y suficientes con la participación de agentes estatales castristas.
El 11 de julio de 2021, otra generación volvió a decir basta. Ya no fue sólo La Habana: fueron decenas de ciudades. Miles de cubanos salieron contra la represión, la ausencia de libertades y unas condiciones de vida insoportables. La respuesta volvió a ser detención, violencia, procesos abusivos y cárcel, incluidos menores de edad. Human Rights Watch documentó que entre quienes permanecían encarcelados o sometidos a reclusión domiciliaria había menores de 18 años; Amnistía Internacional documentó que también niños y adolescentes fueron criminalizados por participar en las protestas y denunció juicios opacos y carentes de garantías fundamentales.
Al cierre de agosto de 2026, Prisoners Defenders contabilizaba 1.339 prisioneros políticosy de conciencia en Cuba. HRW, Amnistía Internacional, entre otras, siguen documentando en 2026 encarcelamiento de críticos, restricciones al disenso, malos tratos y negación de atención médica en prisión.
Cambian las generaciones. Cambian los nombres. Cambian las calles. Lo que permanece es la demanda de que Cuba vuelva a pertenecer políticamente a los cubanos.
¿Por qué cuando Mandela pidió presión internacional escuchamos a la víctima, pero cuando la reclaman cubanos perseguidos comenzamos a escuchar, ante todo, al régimen que los persigue?
¿Cuántos presos políticos necesita Cuba para que sus víctimas dejen de ser notas al pie de una discusión sobre Washington?
¿Acaso cambia el valor del sufrimiento según la ideología de quien encarcela?
La dignidad humana no puede tener geografía. Mucho menos ideología.
Cambios verificables: ni paciencia ni moderación contra el castrismo.
Éste es quizá el aspecto más importante de la posición de Mandela. No dijo: esperemos. No dijo: confiemos. No dijo: las reformas parecen prometedoras. Estableció un criterio. Cambios suficientemente profundos. Cambios verificables. Cambios capaces de impedir el regreso al sistema anterior. Sólo entonces debía modificarse la política internacional.
Ese criterio conserva hoy toda su fuerza.
Para Cuba puede traducirse en hechos concretos: liberación plena de los presos por motivos políticos; fin de la criminalización de la oposición pacífica; libertad de prensa; libertad sindical; libertad de asociación; legalización del pluralismo partidista; independencia judicial; seguridad jurídica; derecho de entrada y salida del país; garantías para la diáspora; elecciones libres, competitivas y verificables; capacidad real de alternancia.
La prueba no consiste en que el gobierno diga que está cambiando.
La prueba consiste en que el ciudadano pueda cambiar al gobierno, sin peligros, ni costes de ninguna índole.
Una petición concreta: tres actos de coherencia institucional.
Los cubanos no necesitan otra disputa interminable sobre quién controla la narrativa. Necesitan recuperar algo más elemental: el derecho a poseer políticamente su propio país.
A hablar sin permiso. A asociarse sin permiso. A prosperar sin pedir permiso. A disentir sin miedo. A quedarse. A regresar. A elegir. A cambiar. A sustituir pacíficamente a quienes gobiernan. A decidir qué instituciones desean legar a sus hijos.
Naciones Unidas ya mantuvo un mecanismo específico sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. En 2007, la Representante Personal del Alto Comisionado presentó el informe A/HRC/4/12; las autoridades cubanas no reconocieron aquel mandato ni cooperaron con él.
Cuba tampoco mantiene una invitación permanente a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, y varios mandatos directamente vinculados con libertades civiles registran solicitudes, recordatorios o visitas no materializadas.
Hoy, en 2026, Cuba ocupa un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Esta carta solicita a los Estados miembros y a los órganos competentes de Naciones Unidas tres actos de coherencia institucional:
Primero, que, durante la próxima consideración de la resolución sobre el embargo estadounidense, los Estados distingan expresamente —también en sus explicaciones de voto e intervenciones— entre su posición sobre una política de Estados Unidos y cualquier valoración del sistema político y del historial de derechos humanos de Cuba. Un voto sobre Washington no equivale a un voto de confianza hacia La Habana.
Segundo, que el Consejo de Derechos Humanos considere restablecer un mecanismo independiente específico sobre Cuba, encargado de documentar y reportar periódicamente sobre presos políticos, libertad de expresión y asociación, debido proceso, participación política y cooperación del Estado con los mecanismos internacionales de derechos humanos.
Tercero, que la Asamblea General examine formalmente, conforme al párrafo 8 de la Resolución 60/251, si concurren respecto de Cuba los criterios de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos establecidos para la suspensión de los derechos de membresía en el Consejo de Derechos Humanos. La Asamblea General ya ha ejercido esta facultad respecto de Libia en 2011 y la Federación de Rusia en 2022. Libia fue suspendida mediante A/RES/65/265 el 1 de marzo de 2011; Rusia mediante A/RES/ES-11/3 el 7 de abril de 2022.
No se pide que todos los Estados adopten idénticas políticas hacia Cuba. Se pide algo anterior: que el escrutinio aplicado a las restricciones externas que afectan al Estado cubano encuentre la misma seriedad institucional cuando se examinan las restricciones políticas que ese Estado impone a sus ciudadanos.
Cuba, el pueblo cubano, lleva esperando esa respuesta más de seis décadas.
La dignidad humana no debería depender de la ideología de quien la viola.
Miami, Florida
19 de septiembre 2026
Dr. José Alberto González Cáceres
PATRIAM PER CONCORDIAM! «Veritas Libertatis Præsidium»
ANEXO DOCUMENTAL
Fuentes en orden de primera aparición en la carta
Mandela, N. (1990, 21 de junio). Statement by Nelson Mandela to the 641st Meeting of the Special Committee Against Apartheid. United Nations.
Mandela, N. (1990, 11 de febrero). Nelson Mandela’s speech on his release from prison. United Nations.
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. (2019, 10 de abril). Constitución de la República de Cuba (GOC-2019-406-EX5). Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 5 Extraordinaria.
Asamblea Nacional del Poder Popular de la República de Cuba. (2022, 15 de mayo). Ley No. 151/2022, Código Penal (GOC-2022-861-O93). Gaceta Oficial de la República de Cuba, No. 93 Ordinaria, publicada el 1 de septiembre de 2022. [Especialmente arts. 120, 121 y 124.]
Naciones Unidas. (1948, 10 de diciembre). Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 21.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1962, 6 de noviembre). The policies of apartheid of the Government of the Republic of South Africa (A/RES/1761[XVII]).
United Nations Special Committee on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa. (1963, 16 de septiembre). Report of the Special Committee on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa (A/5497; S/5426). United Nations.
United Nations Special Committee on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa. (1963, 17 de julio). Second interim report of the Special Committee on the Policies of Apartheid of the Government of the Republic of South Africa (S/5353). United Nations.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1963, 13 de noviembre). Question of South West Africa (A/RES/1899[XVIII]).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1979, 12 de diciembre). Oil embargo against South Africa (A/RES/34/93F).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987, 20 de noviembre). Oil embargo against South Africa (A/RES/42/23F).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987, 13 de noviembre). Oil embargo against South Africa: Draft resolution (A/42/L.31). Algeria, Angola, Cuba, German Democratic Republic, Indonesia, Kuwait, Malaysia, New Zealand, Nicaragua, Nigeria, Norway, Qatar, Ukrainian Soviet Socialist Republic, United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (1987, 20 de noviembre). Application of co-ordinated and strictly monitored measures against South Africa (A/RES/42/23B).
South African History Online. (s. f.). Chief Mangosuthu Gatsha Buthelezi.
International Criminal Court. (1998, 17 de julio). Rome Statute of the International Criminal Court, art. 7(1)(h).
Kurtz, H. (1990, 21 de junio). Mandela reiterates support for Arafat, Gadhafi, Castro. The Washington Post.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (1991). Despatch from the Consulate at Santiago de Cuba to the Department of State: Events in Oriente—Reaction (Jan. 6–14, 1959) (Document 225, January 14, 1959). En Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Cuba, Volume VI. U.S. Government Printing Office.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (1991). Despatch from the Embassy in Cuba to the Department of State: Political Conditions in Cuba (Document 257, February 25, 1959). En Foreign Relations of the United States, 1958–1960, Cuba, Volume VI. U.S. Government Printing Office.
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2025, 29 de octubre). Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States of America against Cuba (A/RES/80/4).
Naciones Unidas. (1945). Carta de las Naciones Unidas, art. 2(1).
DeYoung, K. (1979, 17 de noviembre). In prison 20 years, hero rejects Castro’s ideals. The Washington Post.
Amnesty International. (1982, 1 de octubre). Amnesty International Annual Report 1982 (POL 10/0004/1982).
Cuban convict released. (1991, 16 de julio). The Washington Post.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (1997). Memorandum of Conversation: Cuban Revolutionary Council spokesmen stress need for military action to eliminate Castro regime (Document 308, February 27, 1962). En Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume X, Cuba, January 1961–September 1962. U.S. Government Printing Office.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (1997). Memorandum from the Officer in Charge of Cuban Affairs (Hurwitch) to the Assistant Secretary of State for Inter-American Affairs (Martin): The Cuban Exile Community, the Cuban Revolutionary Council, and Dr. Miro Cardona (Document 329, April 19, 1962). En Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume X, Cuba, January 1961–September 1962. U.S. Government Printing Office.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (2021). Summary of Print Volume X. En E. C. Keefer, L. J. Smith, & C. S. Sampson (Eds.), Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volumes X/XI/XII, Microfiche Supplement, American Republics; Cuba 1961–1962; Cuban Missile Crisis and Aftermath. U.S. Government Publishing Office.
U.S. Department of State, Office of the Historian. (1997). Memorandum for the Record (Document 221, May 18, 1961). En Foreign Relations of the United States, 1961–1963, Volume X, Cuba, January 1961–September 1962. U.S. Government Printing Office.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (1973). Cuba: Peticiones 1604, 1726 y 1721. En Informe anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 1973. Organización de los Estados Americanos. [Incluye el caso de Pedro Luis Boitel.]
Human Rights Watch. (1995). Cuba. En World Report 1995.
Amnesty International. (1994, 10 de agosto). Cuba: Prisoners of conscience (AMR 25/010/1994).
Centers for Disease Control and Prevention. (1994, 18 de marzo). Epidemic neuropathy—Cuba, 1991–1994. Morbidity and Mortality Weekly Report, 43(10).
The Cuba Neuropathy Field Investigation Team. (1995). Epidemic optic neuropathy in Cuba—Clinical characterization and risk factors. New England Journal of Medicine, 333(18), 1176–1182. https://doi.org/10.1056/NEJM199511023331803
Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2023, 9 de junio). Informe No. 83/23, Caso 14.196, Oswaldo José Payá Sardiñas y otros: Informe de admisibilidad y fondo (publicación). Organización de los Estados Americanos.
Human Rights Watch. (2021, 19 de octubre). Cuba: Detenciones y abusos sistemáticos contra manifestantes pacíficos: Detenciones arbitrarias, maltratos y juicios abusivos contra cientos de críticos.
Amnistía Internacional. (2022, 5 de octubre). Cuba: No se deben repetir las tácticas de represión.
Prisoners Defenders. (2026, 10 de septiembre). Cuba alcanza un nuevo récord de 1.339 presos políticos: reclamar agua y luz lleva a prisión y castiga a familias enteras.
Human Rights Watch. (2026). Cuba. En Informe Mundial 2026.
Anti-Apartheid Movement Archives. (s. f.). Cultural boycott.
Chanet, C. (2007, 26 de enero). Situation of human rights in Cuba: Report submitted by the Personal Representative of the High Commissioner for Human Rights, Christine Chanet (A/HRC/4/12). United Nations Human Rights Council.
Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights. (s. f.). Special procedures: Country visits—Cuba. Consultado el 23 de septiembre de 2026.
United Nations Office at Geneva. (2026, 10 de junio). Human Rights Council to Hold its Sixty-Second Regular Session from 15 June to 7 July 2026.
United Nations Secretary-General. (2026, 13 de febrero). Preliminary list of items to be included in the provisional agenda of the eighty-first regular session of the General Assembly (A/81/50).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2006, 15 de marzo). Human Rights Council (A/RES/60/251).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2011, 1 de marzo). Suspension of the rights of membership of the Libyan Arab Jamahiriya in the Human Rights Council (A/RES/65/265).
Asamblea General de las Naciones Unidas. (2022, 7 de abril). Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council (A/RES/ES-11/3).
“Mal echa sus cuentas quien con Dios y con el diablo no cuenta”.
El Uso Ideológico del Conflicto Israel-Gaza, una respuesta al artículo de Carla Gloria Colomé publicado por El País: «El día que la Universidad le falló al estudiante.»
«Cuando se tiene algo que decir, se dice sea cualquiera el juicio que forme de ello la gente ignorante o malévola, o el daño que nos venga de decirlo.» —José Martí
Cuando unos cuantos pantallazos más recorran la aturdida retina contemporánea poco de utilidad quedará en la memoria semántica de aquellas compulsivas mentes y sus puer aeternus por las amígdalas (cerebrales) raptadas dentro de “headlines” (titulares) sensacionalistas. En la era de la sobreinformación, donde las narrativas se construyen y se desmoronan al ritmo de los clics, es crucial detenerse a analizar las raíces y las repercusiones de los discursos que predominan en el espacio público. La reciente escalada del conflicto entre Israel y Gaza no es una excepción a este fenómeno, y su interpretación ideológica se ha convertido en un campo de batalla (cultural) que va mucho más allá de los enfrentamientos militares y sus consecuencias.
Dentro de la ingente vorágine de información que circunda el conflicto geopolítico y sociocultural Israel-Gaza, un espectro ideológico particular ha reemergido con fuerza en el discurso contemporáneo. Aquí pretendo intentar desentrañar y cuestionar el aprovechamiento de las circunstancias humanitarias y los dilemas éticos de este conflicto buscando polarizar la percepción de los jóvenes respecto a la democracia estadounidense intentando volcarlos en su contra.
En el análisis contemporáneo de los conflictos geopolíticos y socioculturales, es fundamental discernir las verdaderas raíces y las manipulaciones ideológicas que a menudo se ocultan detrás de las cortinas propagandísticas de la diplomacia y los movimientos “sociales”. El conflicto Israel-Gaza, que ha capturado la atención mundial por décadas, sirve como un prisma a través del cual se pueden observar las múltiples capas de manipulación ideológica, especialmente en cómo ciertos regímenes y movimientos han utilizado esta tensión para fomentar una narrativa antiamericana, disfrazada de lucha contra el “imperialismo yanqui”.
La cobertura mediática del conflicto entre Israel y Gaza muestra claros sesgos que influyen en la percepción pública. Según un informe del Pew Research Center, el 65% de los estadounidenses considera que Hamas tiene mucha responsabilidad en el conflicto, mientras que solo el 35% culpa al gobierno israelí. Esta percepción varía significativamente según la afiliación política, con los demócratas (50%) más propensos a culpar a Israel que los republicanos (21%). Además, la cobertura de los medios estadounidenses sobre el conflicto en 2014 fue más simpática hacia Israel en comparación con las fuentes británicas, que eran más críticas. Estos datos subrayan la importancia de considerar las diferentes perspectivas mediáticas al analizar el conflicto.
Los historiadores Benny Morris e Ilan Pappé ofrecen perspectivas contrastantes sobre el conflicto. Morris, en su libro «1948: A History of the First Arab-Israeli War,» examina los motivos y objetivos de los protagonistas, destacando el carácter yihadista del asalto árabe en dos etapas. Pappé, en «Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians,» analiza cómo Israel transformó Gaza en una mega prisión bajo control militar. Estas obras proporcionan una comprensión más profunda de las narrativas históricas y sus impactos actuales.
Cuando se escucha o leen los relatos referentes a los eventos en la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), incluido el de Carla Gloria Colomé para “El País” aquí sujeto a crítica, pareciera existir un patrón perturbador y recurrente en muchas de nuestras instituciones de educación superior: el fallo sistémico de proteger y promover las libertades fundamentales cuando más importa.
En un artículo bien escrito a los parcializados estándares de las retóricas periodísticas actuales Carla se lanza sin frenos a la izquierda: “Vengo de Cuba, un país donde me mandaron a callar, y llego a otro donde es conveniente callar. No puedo venir de una dictadura para caer en la dictadura del miedo al poder, al dinero, al estatus y a la institución. Lo mejor que hacen los estudiantes es seguirlo siendo, una manera de alargar la libertad”.
A priori, pareciera que su escrito va en defensa de la libertad de expresión, y la lógica importancia de esta como pilar de las democracias, o un poco más allá, como vacunas anti-tiranías. Pero pronto vamos notando su hemiplejía moral, con anosognosia o sin ella, y me explico.
“Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser un imbécil: ambas, en efecto, son formas de la hemiplejía moral” —José Ortega y Gasset.
Carla emplea una narrativa emocional que tiende al dramatismo buscando evocar simpatía y alineación con las causas que menciona, como el apoyo a Palestina o las críticas a la administración universitaria. Sin embargo, estas emociones no necesariamente reflejan la objetividad necesaria para analizar los hechos ni su gravedad. Al generalizar por ejemplo sobre la violencia policial (en este evento), y la decisión administrativa de la expulsión del profesor, forman parte de ataques sistemáticos a la libertad de expresión de dicha Universidad, y del sistema democrático estadounidense, podría estar incurriendo en una falacia de composición (o sea, asumir que lo que es cierto para una parte lo es para el todo). Y posiblemente llevándola a conclusiones precipitadas al asumir que toda acción de la administración es parte de una agenda opresiva, o que se resquebraja la democracia.
Carla incurre en la falacia del falso dilema, cuando plantea un escenario donde los estudiantes solo pueden ser víctimas de un sistema opresivo, por el hecho de que no se cumplen sus compulsivas perretas, lo cual simplifica excesivamente la realidad de las protestas y sus consecuencias. Esta perspectiva ignora la posibilidad de que algunas acciones de los estudiantes pudieran haber requerido intervención para mantener el orden y la seguridad, sin que ello signifique una opresión generalizada, ni especifica contra sus libertades de expresión.
En este contexto, se asemeja a la narrativa “woke” (corrección política) sobre Israel y Gaza utilizando la trampa de simplificar en exceso un asunto complejo, dividiéndolo en un conflicto entre buenos absolutos y malos absolutos, sin reconocer las realidades geoestratégicas e históricas. Este enfoque dicotómico no solo es intelectualmente deshonesto, sino también perjudicial, ya que impide una verdadera comprensión de los temas en cuestión.
Es fundamental comprender que el conflicto Israel-Gaza no es un episodio aislado, sino el resultado de una compleja trama de influencias geopolíticas e ideológicas. La narrativa que posiciona a Gaza casi como un «Estado» bajo el yugo de la opresión israelí omite a menudo su historia de influencias y manipulaciones externas. Estas narrativas, más que ignorar en realidad esconden, en un intento de amnesia colectiva, cómo han sido esculpidas en sí mismas, no sólo por la historia sino también por influencias externas que tienen intereses estratégicos que van más allá de la región.
El análisis de sentimiento en redes sociales revela patrones similares. Un estudio en GitHub utilizó el análisis de sentimiento en tweets sobre el conflicto más reciente en Gaza, mostrando un sesgo de apoyo tanto pro-Israel como pro-Palestina. Otro estudio de la Universidad del Sur de California presentó el conjunto de datos IsamasRed, que comprende casi 400,000 conversaciones y más de 8 millones de comentarios en Reddit, examinando temas y tendencias del lenguaje emocional y moral a lo largo del tiempo. Estos análisis destacan cómo las redes sociales pueden influir y reflejar la opinión pública sobre el conflicto.
En el ensayo «El conflicto palestino-israelí» escrito por Miguel Peco Yeste y Manuel Fernández Gómez se ofrece un análisis exhaustivo de la evolución histórica, política y militar del conflicto. Y concluyen que el conflicto palestino-israelí es complejo y multifacético, con profundas raíces históricas, políticas y sociales que dificultan una solución negociada. La necesidad de un enfoque integral y equilibrado que tenga en cuenta los derechos y aspiraciones de ambas partes es crucial para avanzar hacia una paz duradera.
Por su parte Amnistía Internacional hace un llamado a la comunidad internacional para que se realicen investigaciones independientes y se asegure la rendición de cuentas, así como la reparación a las víctimas del conflicto. En un documento donde concluye que tanto Israel como los grupos armados palestinos deben ser investigados por posibles crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos.
Pedro Brieger, en su obra «El conflicto palestino-israelí», presenta una detallada y accesible guía sobre uno de los conflictos más complejos y prolongados del mundo contemporáneo. Brieger explica que el conflicto tiene sus orígenes en la coexistencia de dos pueblos, palestinos e israelíes, que reclaman el mismo territorio como propio. Los israelíes basan su reivindicación en derechos históricos y religiosos, mientras que los palestinos sostienen que han habitado esas tierras por siglos. Brieger subraya que la solución del conflicto requiere reconocer los derechos y aspiraciones de ambos pueblos, y aboga por un enfoque basado en el entendimiento y el diálogo.
Por ejemplo, la influencia histórica de actores como el Imperialismo Soviético, su brazo secreto la KGB, su títere caribeño Fidel Castro y Cuba sometida como neocolonia, así como Irán, China y otros aliados han contribuido a moldear la percepción de Gaza, y cómo estas dinámicas fomentan un antiamericanismo que se disfraza de antiimperialismo, afectando especialmente a las jóvenes mentes en democracias con bajo adoctrinamiento sistemático como la estadounidense.
El papel de la KGB soviética fue crucial para crear y promover movimientos ideológicos como la Teología de la Liberación, que buscaba debilitar la influencia de la Iglesia Católica en América Latina. Este movimiento, que se presentaba como una opción por los pobres, estaba impregnado de ideología marxista. Era similar a otros movimientos, como los que le dan apoyo a la causa palestina.
Gracias a los disidentes que se opusieron al imperialismo soviético Ion Mihai Pacepa,Vladimir Bukovskyy Milovan Djilas entre otros, se fue revelando como la KGB fomentó estos movimientos para desestabilizar a los países occidentales y expandir la influencia soviética. La KGB apoyó y entrenó a Yasser Arafat como un terrorista, y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), utilizándolos para promover la narrativa soviética y manipular la opinión pública mundial. Esta estrategia buscaba debilitar a Estados Unidos y sus aliados, presentando a la URSS como defensora de los oprimidos.
Según Ion Mihai Pacepa, el oficial de inteligencia de mayor rango que desertó del bloque soviético, Arafat fue un importante operativo encubierto para la KGB. Pacepa afirma que, durante la década de 1970, cuando era jefe de inteligencia de Rumania, proporcionó a Arafat alrededor de $200,000 en efectivo lavado cada mes y envió dos aviones de carga a Beirut cada semana con uniformes y suministros.
Según el archivo personal de la KGB sobre Arafat que Pacepa recibió, Arafat era un burgués egipcio convertido en un marxista devoto por la inteligencia extranjera de la KGB. La KGB lo entrenó en su escuela de operaciones especiales Balashikha, al este de Moscú, y a mediados de la década de 1960 decidió prepararlo como el futuro líder de la OLP. La KGB destruyó los registros oficiales del nacimiento de Arafat en El Cairo, reemplazándolos con documentos ficticios que decían que había nacido en Jerusalén y, por lo tanto, era palestino de nacimiento.
La KGB también trabajó en el folleto de cuatro páginas de Arafat llamado «Falastinuna» (Nuestra Palestina), convirtiéndolo en una revista mensual de 48 páginas para la organización terrorista palestina al-Fatah. Arafat había liderado al-Fatah desde 1957. Después de la Guerra Árabe-Israelí de Seis Días en 1967, Moscú logró que Arafat fuera nombrado presidente de la OLP.
En 1969, la KGB pidió a Arafat que declarara la guerra al «imperial-sionismo» estadounidense durante la primera cumbre de la Internacional Terrorista Negra, una organización pro-palestina neo-fascista financiada por la KGB y Muammar Gaddafi de Libia. En marzo de 1978, Pacepa llevó en secreto a Arafat a Bucarest para recibir instrucciones finales sobre cómo comportarse en Washington. Según Pacepa, Ceausescu le dijo a Arafat: «Simplemente tienes que seguir fingiendo que romperás con el terrorismo y que reconocerás a Israel, una y otra vez».
Los documentos de la KGB obtenidos por Vladimir Bukovsky muestran que la Unión Soviética llevó a cabo operaciones de influencia para apoyar a los militantes palestinos, a los revolucionarios latinoamericanos e incluso a movimientos como el Black Panther de Estados Unidos.
La KGB desempeñó un papel fundamental en la política internacional durante la Guerra Fría, promoviendo movimientos revolucionarios, antirracistas, y manipulando la opinión pública occidental. Al mantener relaciones secretas con varios grupos y movimientos, incluyendo el Partido Comunista de Estados Unidos (CPUSA) y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP). Estas relaciones incluían el suministro de armas y otros equipos para llevar a cabo ataques terroristas contra Israel y otros objetivos occidentales.
Según los documentos de la KGB obtenidos por Bukovsky, lo que ahora llamamos “antirracismo” comenzó como una política e influencia del partido comunista hace más de medio siglo. La KGB intervino mediante la radicalización de movimientos antirracistas en Estados Unidos, como los Panteras Negras, a través del CPUSA, con el objetivo de desestabilizar la sociedad estadounidense y distraer a la administración de Nixon. Angela Davis, miembro del CPUSA, se convirtió en una figura prominente en este movimiento después de que las armas que compró cayeran en manos de Jonathan Jackson, el hermano de 17 años de George Jackson, un miembro encarcelado de los Panteras Negras.
Siempre me ha preocupado, como aun teniendo evidencias irrefutables de los daños a la humanidad causados por la ideología del odio, además de las evidencias históricas y empíricas cómo la intelectualidad, en particular la del lado izquierdo del espectro político, continúa siendo tan hipócrita y cómplice.
«Canjearon un hooligan (rebelde, brabucón) por un tal Luis Corvalán. ¿Cómo encontrar una perra (puta) para cambiarla por Ilyich (Brézhnev)?» —Vadim Delaunay
Agradezco mucho y siempre, a los hombres como Vladimir Bukovsky (30 de diciembre de 1942 – 27 de octubre de 2019) quien pasó un total de doce años en los hospitales psiquiátricos, campos de trabajo forzoso (Gulag) y prisiones de la Unión Soviética durante el gobierno de Brezhnev, haber destapado lo evidente de la crueldad de estos regímenes, ahogados por la inhumana propaganda, y la complicidad de sus acólitos en occidente. Bukovsky es considerado el primer disidente en denunciar con evidencias el uso de la psiquiatría para torturas por razones político-ideológicas en la Unión Soviética.
Por cierto, que su canje por Luis Corvalán máximo líder comunista chileno (años 60 a 80), fue un acontecimiento a destacar no solo durante la Guerra Fría. Y el aparente olvido como notable hecho histórico obedece en parte a evidenciar cómo repercutió la legitimación de la “vía pacífica” para la conquista del socialismo, por Nikita Kruschev como nuevo secretario general del PCUS y las relaciones con el régimen de Salvador Allende. Dando continuidad al Imperialismo Soviético y su “nueva” pero marcadamente agresiva estrategia de intervención en los llamados países del Tercer Mundo.
En definitiva, la KGB (Comité para la Seguridad del Estado) del imperialismo soviético, y hoy la del Imperialismo Totalitario (Servicio Federal de Seguridad, FSB acrónimo ruso ФСБ) utiliza propaganda y financia publicaciones y medios de comunicación en Occidente para influir en la opinión pública, promoviendo agendas antiestadounidenses y pro-soviéticas. Estas operaciones subrayan cómo Imperialismo Totalitario explota causas legítimas para sus propios fines ideológicos y políticos, afectando profundamente las dinámicas sociopolíticas de diversas regiones del mundo.
Continuando con el texto de Carla, notamos que también apela a la autoridad moral al comparar injusticias históricas con eventos actuales, como las protestas contra la guerra de Vietnam o el Apartheid. Aunque estas comparaciones pueden ser válidas para ilustrar patrones históricos, utilizarlas en este conflicto es claramente engañoso dado que las circunstancias y contextos no son equivalentes.
La argumentación esgrimida en el periódico “El País”, no resiste el más mínimo análisis lógico, y cae de inmediato en las bochornosas y nefasta para las víctimas falsas equivalencias (como comparar la intervención en protestas bajo democracias con actos de persecución y tortura política de regímenes totalitarios como el Castrista).
Dejando así en bandejas de plata facundia para la bazofia propagandista castrista y sus ecos, que por un lado lavan la cara a las atrocidades de la castrokracia, con presos políticos a los que por protestar les caen 20 años, mientras que ninguno de los estudiantes pro-palestinos irá a presión, ni siquiera tendrán cargos más allá aquellos devenidos por los destrozos materiales que haya causado, si acaso. Al mismo tiempo que encumbra al totalitarismo en Cuba equiparándolo falsamente con la impresionante democracia estadounidense. ¿Sabían ustedes que bajo el castrismo hay personas con 12 años de prisión por romper un cristal?
Esto nos conduce a la falta de análisis del marco legal y los derechos constitucionales que amparan tanto las acciones de los estudiantes como las respuestas de las autoridades. Lo que lógicamente incluye no solo el derecho a la protesta sino las limitaciones legales cuando estas afectan el orden público y los derechos de los otros.
Pasen por las celdas políticas de los castros y pregúntenle a la joven madre cubana Mayelín Rodríguez Prado, sentenciada a 15 años de prisión, si lo único que hizo fue transmitir las protestas (acusada de “propaganda enemiga de carácter continuado” y “sedición”) de agosto de 2022 en Nuevitas, un municipio de la provincia de Camagüey. Solo por mencionar uno de los más de mil presos políticos actuales, y recordad los más de 60 años encarcelando a inocentes.
Lo penoso aquí es que la inescrupulosa propaganda del periodismo servil y sumiso a la dinastía castro, el único permitido en la isla cárcel por demás, utilizara su retorcida retórica para justificar lo injustificable como encarcelar por motivos políticos alegando “desorden público”. Y aunque son relativamente fáciles de desenmascarar, el bulo, el mito que generan sique calando interna e internacionalmente en contra de la libertad de nuestro pueblo.
«El gran enemigo de la verdad a menudo no es la mentira, —deliberada, artificial y deshonesta, —sino el mito, persistente, persuasivo y poco realista.»
“The great enemy of truth is very often not the lie —deliberate, contrived and dishonest— but the myth, persistent, persuasive and unrealistic.”
En este sentido, se refleja la parcialización a la izquierda critica acérrima de lo “Yankee” dado que tampoco el artículo de opinión nos ofrecer una narrativa alternativa que considere las responsabilidades y los deberes de los estudiantes, así como las complejidades de administrar una gran institución educativa durante períodos de tensión política y social. Como por ejemplo el principio legal de «tiempo, lugar y manera» que en Estados Unidos guía las restricciones permitidas a la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda. Este principio busca equilibrar la libertad de expresión con la necesidad de mantener el orden y respetar los derechos de los demás.
Las encuestas de opinión pública también proporcionan información valiosa sobre las percepciones del conflicto. Las encuestas de Gallup indican que la opinión pública estadounidense está dividida, con un 55% de los estadounidenses desaprobando la acción militar de Israel en Gaza y un 36% aprobándola. Entre los votantes republicanos, la mayoría aún apoya la guerra en Gaza. Por otro lado, las encuestas del Israel Democracy Institute muestran que la mayoría de los israelíes desaprueba la campaña militar en Gaza, aunque aún apoyan un enfoque militar agresivo, incluida la limitación de la ayuda humanitaria a los palestinos. Estos datos resaltan las diferencias en las percepciones internas y externas del conflicto.
«El respeto a la libertad y al pensamiento ajeno, aun del ente más infeliz, es mi fanatismo: si muero, o me matan, será por eso.» —José Martí
Poniendo los puntos en las íes, los parches antes de que aparezcan los huecos, aclaro modestamente ser, ante todo, amante de la verdad, para cual se necesita, sobre todo, libertad de expresión, y su sucedáneo la libertad de prensa. Al punto que la frase que me guía es la del paladín del izquierdismo en el corazón de América, probablemente el miembro de la «Intelligentsia» que más daño le ha hecho a la democracia estadounidense:
“If you believe in freedom of speech, you believe in freedom of speech for views you don’t like. Goebbels was in favor of freedom of speech for views he liked. So was Stalin. If you’re in favor of freedom of speech, that means you’re in favor of freedom of speech precisely for views you despise. Otherwise, you’re not in favor of freedom of speech.” —Noam Chomsky, interview included in Manufacturing Consent
«Si crees en la libertad de expresión, crees en la libertad de expresión para las opiniones que no te gustan. Goebbels estaba a favor de la libertad de expresión para las opiniones que le gustaban. Lo mismo sucedía con Stalin. Si estás a favor de la libertad de expresión, eso significa que estás a favor de la libertad de expresión precisamente para las opiniones que desprecias. De lo contrario, no estás a favor de la libertad de expresión.» —Noam Chomsky, entrevista incluida en Manufacturing Consent.
A fin de cuentas, y recordando al colimador del izquierdismo el periodista y escritor venezolano Carlos Rangel en Del Buen Salvaje al Buen Revolucionario:
«¿de dónde la hemos aprendido sino de las críticas que los norteamericanos se hacen a sí mismos? ¿Y no es tristemente obvio que al repetidas con aire de justos, estamos evadiendo hacernos a nuestra vez las críticas que nosotros merecemos?»
El problema de Chomsky es del “utópico hypocrĭtas” que critica la realidad sobre la base de sus oníricos delirios. Reflejo directo de haber disfrutado de todas las libertades posibles, algo que resulta imposible bajo los regímenes totalitarios a donde abocan todos sus distópicos sistemas. Otra materialización de este problema es por ejemplo “Residente” (René Pérez Joglar), que predica y pretende un izquierdismo sin dejar de residir en la democracia norteamericana.
Chomsky ha sido utilizado como fertilizante para el «evergreening socialista», ocultado por los Castros, por sus alegaciones críticas de que no existió “socialismo caribeño”, pero rescatado por el azufre de su fanático prodigo Hugo Chávez cuando enamorado del “nuevo proyecto” “se fue con la de trapo” y apoyó otro infame totalitarismo Narco-Castro-Chavista.
«Las transformaciones que está haciendo Venezuela hacia la creación de otro modelo socioeconómico podrían tener un impacto global si estos proyectos se llevan a cabo con éxito.» —Noam Chomsky
Aunque no se le puede negar cierta coherencia a Chomsky cuando finalmente ha criticado a Chávez por acumular demasiado poder en sus propias manos y realizar un “asalto” a la democracia en Venezuela.
«En cualquier lugar de América Latina existe una patológica amenaza potencial del caudillismo [autoritarismo] y hay que protegerse contra ella. No estoy seguro de si en Venezuela ha ido demasiado lejos en esa dirección, pero creo que tal vez sí. Se ha desarrollado una tendencia hacia la centralización del poder en el ejecutivo, lo cual no creo que sea un desarrollo saludable.» —Noam Chomsky
El problema de Chomsky es que forma parte de esa «Intelligentsia» que continúa viviendo del opio de los intelectuales, navegando en el de los “likes”, sumidos en una arrogancia intelectual que niega toda evidencia histórica y empírica acumulada, con artificios ilusorios, a pesar de habitar siempre en el fracaso práctico. Intelectuales que como de costumbre parecen olvidar que no bastan las buenas intenciones, si se parte de malas ideas se terminará después de tanto nadar, ahogándose una y otra vez en la orilla.
La crítica de las ideas y políticas existentes es crucial para el progreso y la mejora de la sociedad, pero también es importante recordar que las buenas intenciones deben ir acompañadas de ideas sólidas y viables, de posibles soluciones éticas.
En este sentido amerita la pena resaltar la importancia en el análisis de conflictos culturales y políticos que tiene reparar éticamente en las consecuencias y repercusiones, no solo, inmediatas, mediatas, sino en las tardías, en las de más largo plazo. En «Intellectuals and Race«, por ejemplo, Sowell aborda cómo las decisiones basadas en presiones políticas pueden llevar a consecuencias no intencionadas que a menudo perjudican a aquellos que se supone deben ayudar. Debemos ser harto críticos con la eficacia del activismo que busca cambios radicales sin considerar los procesos democráticos o institucionales existentes. Tal como profundiza en «A Conflict of Visions«, donde Sowell explora cómo diferentes visiones ideológicas moldean nuestras percepciones de la justicia y la política.
A todas luces el Flautista de Trier (Karl Heinrich Marx) con la ayuda de su patrocinador OnlyDaddyFan (Friedrich Engels) solo lanzó el borrador de la partitura, para que directores de orquetas como Lenin, Trotski, Mao, o Stalin, Castro, y Chávez dieran lo mejor de sí, que siempre ha sido lo peor para los otros.
La permisividad de las universidades y otras instituciones hacia las políticas de cancelación, el imperio de lo políticamente correcto, la «ortodoxia identitaria«, el fundamentalismo ideológico, la intolerancia social, la neolengua y el culto al wokismo y los llamados movimientos por la “justicia social” ha contribuido a la formación de una “mente mimada” en Estados Unidos dentro de una “generación de cristal”.
Esta generación, influenciada por una agenda ideológica específica, ahora se vuelve en contra de las propias instituciones que inicialmente fomentaron esos valores. Al permitir estas dinámicas, se ha facilitado el uso inverso de reclamos legítimos, utilizando la retórica totalitaria para apoyar a los pro-palestinos y socavar principios fundamentales como la neutralidad académica y la democracia en sí misma.
De esta forma, se entra en un círculo vicioso de autodestrucción de la institucionalidad, atacando el sustento de la credibilidad de la democracia. Este fenómeno refleja una compleja interacción entre ideología, política y educación, evidenciando cómo la manipulación de argumentos de «justicia social» puede distorsionar y debilitar las bases de las instituciones democráticas, poniendo en riesgo su integridad y funcionamiento.
He aquí, lo que por mucho, ha sido mi mayor preocupación al leer este artículo y al mismo tiempo la motivación para escribir esta respuesta para destacar uno de los puntos críticos en el debate sobre la libertad de expresión y el activismo en las universidades (no solo las estadounidenses), y me refiero a cómo la manipulación de reclamos legítimos destinándolos para fines políticos, pueden socavar principios fundamentales como la neutralidad académica y hasta la democracia. Este fenómeno de usar argumentos «woke» o de “justicia social” de manera inversa para apoyar agendas específicas refleja una compleja interacción entre ideología, política y educación.
Ciertamente las universidades han sido históricamente espacios de debate intenso y evolución de ideas. Pero en las últimas décadas, muchas de estas instituciones han adoptado y promovido activamente políticas que abogan por la inclusión y la diversidad, alineadas con lo que se ha denominado ideología «woke». Este enfoque a menudo ha incluido prácticas como la corrección política y la cultura de la cancelación, que, aunque originalmente pudieron haber tenido la intención de proteger a las minorías y promover la equidad, han demostrado ser formas de adoctrinamiento y supresión de la libertad de expresión.
Esto podría considerarse como una especie de “Paradoja de Autodestrucción”, sobre la dinámica entre las instituciones educativas, como la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), y los movimientos ideológicoscontemporáneos, que refleja una complejidad significativa en el ámbito de la educación superior y la política cultural.
Una paradoja donde las universidades parecen contradecir las ideologías que inicialmente promovieron y apoyaron, reflejando una tensión entre la teoría educativa y la práctica administrativa. Y lo que estamos presenciando es como estas mismas instituciones que fomentan ideologías “progresistas” o radicales son también las que, al enfrentar las nefastas consecuencias prácticas de estas ideologías, parecieran recurrir a medidas “autoritarias” o “censuradoras” para mantener el orden y la reputación.
Problemática que por décadas Thomas Sowell ha analizado profundamente en sus obras sobre educación y sociedad. Por ejemplo, en «Inside American Education«, Sowell critica cómo las universidades han priorizado agendas políticas y sociales por encima de la educación liberal-libertaria en el sentido clásico, que valora el debate abierto y la exploración de diversas perspectivas.
Según Sowell, este fallo sistémico en la protección y promoción de las libertades fundamentales se manifiesta en una tendencia hacia la conformidad ideológica y la supresión de la diversidad de pensamiento. Esta situación no solo limita la libertad académica, sino que también socava la preparación de los estudiantes para enfrentar el mundo real, fomentando una cultura de fragilidad e intolerancia a las diferencias de opinión. Lógicamente este fenómeno se ha extendido globalmente.
El Consejo de Seguridad de la ONU ha adoptado varias resoluciones sobre el conflicto Israel-Gaza, incluyendo la Resolución 2728, que exige un alto el fuego inmediato y la liberación de rehenes. Esta resolución fue aprobada por 14 miembros, con Estados Unidos absteniéndose de votar. Desde 1945, 36 resoluciones relacionadas con Israel-Palestina han sido vetadas, 34 de ellas por Estados Unidos. Estos patrones de votación reflejan las dinámicas geopolíticas y las alianzas internacionales que afectan las decisiones sobre el conflicto.
El impacto económico del conflicto también es significativo. Un informe del Banco Mundial de 2018 destaca que la economía de Gaza está en caída libre, con un crecimiento negativo del 6% en el primer trimestre de 2018. Factores como la reducción de pagos por parte de la Autoridad Palestina y el fin del programa de ayuda de EE.UU. han contribuido a esta situación. Estos datos ilustran cómo las condiciones económicas pueden influir en la estabilidad regional y la retórica política.
La narrativa postmoderna y las críticas a la cultura occidental, junto con la propaganda palestina, han influido en la percepción de los conflictos actuales en las universidades. Según el análisis en el artículo «De mayo de 1968 a mayo de 2024: Gaza es el nuevo Vietnam en las universidades de EE.UU.» que compara las protestas estudiantiles actuales en Estados Unidos contra la guerra en Gaza con las manifestaciones de 1968 contra la guerra de Vietnam. Destaca cómo movimientos progresistas y de izquierda apoyan a grupos propalestinos y a Hamás, a menudo con un carácter antisemita.
Se ha venido utilizando el término más general de «generaciones de cristal» en alusión a jóvenes que, educados en este entorno, se muestran incapaces de manejar críticas o enfrentar adversidades sin recurrir a la censura o la protección institucional. Sowell argumenta que este tipo de educación promueve la victimización y desalienta la resiliencia y la autonomía personal, aspectos cruciales para el desarrollo individual y el progreso social.
En la misma dirección, hace menos de una década (septiembre 2015), en el ensayo titulado «La mimada mente americana» publicado en The Atlantic, y escrito por Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, salían a la luz pública el análisis de las consecuencias de la sobreprotección en los estudiantes universitarios norteamericanos desde el punto de vista de la psicología.
El artículo devenido en recomendado libro, “The Coddling of the American Mind How Good Intentions and Bad Ideas Are Setting Up a Generation for Failure”, destaca los efectos negativos de los nuevos métodos y medios de censura y cómo la sobreprotección puede tener un impacto perjudicial no solo en la educación sino también en la salud mental de los estudiantes. Los autores argumentaron que los estudiantes están exigiendo cada vez más protección contra palabras e ideas que no les gustan por temor a causar “sufrimiento”, lo que está creando un ambiente académico donde las palabras, ideas y temas que podrían causar malestar o generar ofensas están siendo eliminados. Esta sobreprotección está limitando la capacidad de los estudiantes para desarrollar sus propias habilidades y funcionar correctamente en el mundo. Los autores sostienen además que esa autocensura puede tener un impacto perjudicial en la salud mental de los estudiantes.
Los autores, Greg Lukianoff y Jonathan Haidt, proponen varias soluciones para abordar los problemas de la sobreprotección y la censura en las universidades. En las que además de promover la libertad de expresión, la educación sobre la resiliencia emocional se instó a las universidades a revisar sus políticas para asegurarse de que no están promoviendo inadvertidamente un ambiente de censura o sobreprotección.
«el mayor propósito de este nuevo centro es «recuperar la misión de la búsqueda de la verdad». Kanelos, que ha dejado su cargo como presidente del St. John’s College de Annapolis para fundar la Universidad de Austin, alerta de que «la educación superior podría ser la institución más fracturada de todas» en Estados Unidos.»
En ese rumbo ha ido la crítica de Sowell como un llamado a reconsiderar los principios fundamentales de la educación superior y a restablecer el compromiso con un diálogo abierto y riguroso, donde las diferentes perspectivas puedan ser exploradas y debatidas de manera constructiva y libre, sin temor a la censura o la represalia. Esto no solo beneficiaría la calidad de la educación, sino que también fortalecería las bases de una sociedad democrática.
Es está la legítima denuncia de como la universidad, supuestamente un bastión de libre intercambio de ideas y discusión crítica “ha fallado una vez más” pero no al “estudiante woke” como pregona Carla en El País, sino en su papel al plegarse a presiones externas e internas que amenazan con socavar los principios básicos de expresión y autonomía individual. En lugar de servir como un foro abierto para el debate y la exploración intelectual, muchas universidades se han convertido en arenas de censura selectiva y de imposición ideológica, donde solo ciertas perspectivas son permitidas mientras que otras son reprimidas bajo el pretexto de mantener la orden o proteger sensibilidades.
Harto denunciado ya como élites de la ideología del oído (y su Imperialismo Totalitario), autoproclamadas creen tener tanto la sabiduría como el derecho de dirigir la vida de otros, ignorando las consecuencias adversas de sus acciones.
La utilización de causas legítimas para fines ideológicos o políticos subraya la vulnerabilidad de las democracias abiertas a la manipulación de la información. La propaganda y la desinformación no solo distorsionan la realidad, sino que también erosionan la confianza en las instituciones democráticas y fomentan la polarización.
Los informes de organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Watch y Amnistía Internacional, documentan violaciones de derechos humanos en el conflicto. Human Rights Watch señala que los estados y grupos armados están rompiendo las reglas de la guerra, y Amnistía Internacional destaca la persistencia de crisis humanitarias. Estos informes subrayan la importancia de abordar las violaciones de derechos humanos en cualquier análisis del conflicto.
Para mitigar estos riesgos, es crucial promover la alfabetización mediática, fomentar el pensamiento crítico y defender la integridad de las instituciones democráticas. Las universidades deben mantener su compromiso con la neutralidad y el libre intercambio de ideas, resistiendo los intentos de manipulación ideológica tanto internos como externos.
Carla utiliza su experiencia en Cuba para establecer una base emocional y credibilidad al discutir la libertad de expresión. Esta técnica puede ser eficaz para conectar con el lector, pero consciente o no, su parcialidad lejos de ser crítica constructiva a la democracia, paradójicamente es suministro para su ataque por parte del totalitarismo internacional.
Carla recurre e incurre en el «razonamiento emocional» (emotional reasoning), el adolescentismo político presentándonos a “amigos” de causa que según ellos están sufriendo la censura administrativa. Pero dentro del amasijo de cuerdas y tendones se le ha olvidado mencionar a otros presentes.
Tampoco parece haberse topado con el semillero de sentimientos anti-judíos y pro-Hamas con profunda intimidación antisemita en el que se han convertido el núcleo de estas protestas, ignorando cómo comenzó la escalada con la agresión del grupo terrorista internacional Hamas. Pudo habernos presentado el caso de sombríos personajes como Khymani James, un destacado activista estudiantil de la Universidad de Columbia y portavoz de «Columbia Apartheid-Divest». Quien expresó su creencia de que los «sionistas no merecen vivir» y sugirió que la gente debería alegrarse de la muerte de los sionistas de la misma manera que celebraron la muerte de Hitler.
Al parecer tampoco ha visto a los miembros de la organización anticapitalista, antiestadounidense y neo-marxista Black Lives Matter (BLM), que dice “promover” la ideología “anti-racista”, pero ha expresado su apoyo explícito no solo al grupo terrorista Hamas, sino los regímenes totalitarios de la región, como el de Cuba, y Venezuela. Movimiento explícitamente neo-marxista como el movimiento de “Liberación Palestina” con claros y denunciados orígenes en el apoyo clandestino del KGB soviético, y laos directos con la castrokracia y su cruenta dictadura.
También le podemos presentar a Manolo De Los Santos conocido por ser un activista y organizador radical con profundas conexiones con la Cuba Castro-Comunista. Descrito como anticapitalista, neo-marxista y antiestadounidense. Es el director ejecutivo de The People’s Forum (TPF), una organización con vínculos al Partido Comunista Chino y financiada por el socialista Neville Roy Singham. De Los Santos ha sido una figura clave en las protestas anti-Israel en la Universidad de Columbia, promoviendo tácticas agresivas similares a las protestas de BLM de 2020 y adoptando una retórica fuerte contra el sionismo, buscando desafiar las normas políticas en Estados Unidos.
«Manolo de los Santos, co-director ejecutivo del Foro del Pueblo y organizador de la delegación, comentó que «Como jóvenes líderes en los Estados Unidos queremos afirmar nuestro derecho a aprender, intercambiar y construir con el pueblo cubano que vive bajo sanciones crueles y se mantiene en la lista de Patrocinadores Estatales del Terrorismo sin ninguna razón creíble»»
Grupos de activistas en Estado Unidos que forman parte de la Red Nacional con Cuba (NNOC, por su siglas en inglés) | Gráfica de ADN América con datos de NNOC.
Finalmente, tampoco podemos descartar que alguno de los más de 300 activistas que se reunieron en 2023 con la castrokracia y sus vasallos, adoctrinándose en el odio, ignorando a los presos políticos o el sufrimiento de más de seis décadas del pueblo cubano. Ninguno de ellos se preguntó nada más allá del guion prescrito y el viaje dirigido restringidamente a los pocos lugares que aun aparentan normalidad en una isla agonizante.
A todo esto, y con el beneficio de la duda que se otorga en democracias, no sabemos cuántos de estos manifestantes son miembros activos de Hamas, o cualquier otra organización terrorista preparándose para cometer actos de terrorismo.
A modo de conclusión señalo que la manipulación ideológica del conflicto Israel-Gaza no solo adultera la comprensión de este con un impacto profundo en las democracias y los jóvenes, distorsionando la realidad, sino que también socava la integridad de las instituciones democráticas educativas y amenazando la neutralidad académica. Para proteger la democracia y la libertad de expresión, es esencial promover un análisis crítico y equilibrado de los conflictos globales, resistiendo la tentación de caer en narrativas simplistas y polarizadas. En última instancia, la defensa de la verdad y la libertad debe prevalecer sobre los intereses ideológicos y políticos.
Añado para que conste, que mi escrito no pretende, en ningún momento, disminuir la visibilidad de las atroces realidades de la guerra, donde la muerte de civiles inocentes, incluidos niños, deja una marca imborrable en nuestra conciencia colectiva. Tampoco busca limitar las sagradas libertades de prensa y expresión que son el corazón palpitante de toda sociedad democrática. Por el contrario, lo que verdaderamente me impulsa es la imperiosa necesidad que siento de evitar que los dilemas ético-morales sean utilizados como herramientas para socavar la democracia norteamericana. Es un llamado sincero a proteger los principios fundamentales que sostienen nuestra libertad y justicia, a asegurarnos de que, en medio del dolor y la tragedia, no seamos manipulados por narrativas que buscan desmantelar los pilares de nuestra convivencia democrática. Mi compromiso es con la verdad, con el respeto a las vidas perdidas, y con la defensa inquebrantable de las libertades que tanto valoramos.
Los documentos desclasificados de los Archivos Nacionales proporcionan una visión de las decisiones políticas basadas en interpretaciones históricas. Los Archivos del Estado de Israel, por ejemplo, han publicado documentos que revelan deliberaciones críticas antes de la guerra de Yom Kippur. Estos documentos ayudan a entender cómo las interpretaciones históricas pueden influir en las decisiones políticas actuales.La transparencia y el acceso a la información histórica son fundamentales para comprender y resolver conflictos actuales.
Este texto también está parcializado en la justa medida que pretende ser el contrapeso argumentativo del artículo que se critica. Podría beneficiarse de algunos equilibrios, pero a exprofeso y a modo personal… yo vengo de la misma dictadura militar, del mismo estado totalitario, solo por mi profesión se me impedía salir del país, prisionero en mi propia patria. No me representa ningún partido, ni los espectros políticos satisfacen mis ideales. Espantado de la Inteligentsia propagandística pero alejado de todo Macartismo (McCarthyism) me refugio en la patria de Martí, pero la otra la que sigue en la noche que no será eterna. Y de lo poco que he aprendido es a enfrentarme al dilema de tomar partido, conociendo los matices y evitando las dicotomías pero firme en saber que en última instancia hay que decidir de qué lado se vive mejor incluidas las virtudes morales y éticas… y que cultura me representa más.
A Carla y a todos aquellos que aún no han escapado del pensamiento dicotómico emocional propio de las tribus totalitarias, les invito modestamente a que abracen la democracia americana en toda su complejidad y riqueza. Los Padres Fundadores de Estados Unidos, con sus defectos y virtudes, establecieron principios fundamentales que han permitido a la nación no solo sobrevivir, sino prosperar y evolucionar a lo largo de los siglos.
Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, afirmó que «todos los hombres son creados iguales» y que poseen «derechos inalienables», entre ellos «la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad». Estas palabras no solo reflejan un ideal, sino un compromiso constante con la mejora y la justicia.
James Madison, en los Federalist Papers, enfatizó la importancia de una república equilibrada y de la división de poderes como un medio para prevenir la tiranía. Su visión de una sociedad donde se protejan las libertades individuales y se fomente el debate libre sigue siendo relevante hoy en día.
Y Abraham Lincoln, con su dedicación a la unión y la libertad, nos recordó que «una casa dividida contra sí misma no puede permanecer». Su liderazgo durante uno de los momentos más oscuros de la nación demuestra el poder de la democracia para superar incluso las pruebas más difíciles.
Amar a la democracia americana no significa ignorar sus fallos, sino reconocer su capacidad para la autocrítica, la corrección y la mejora continua. Involúcrense en el debate abierto, cuestionen con integridad, y defiendan siempre la libertad de expresión, pues es el cimiento sobre el cual se construye una sociedad verdaderamente libre y justa.
En lugar de adoptar una postura de victimización o de simplificación excesiva de los conflictos, es esencial fomentar un pensamiento crítico que aprecie la diversidad de opiniones y las complejidades inherentes a la realidad. Solo así se puede contribuir constructivamente al progreso de nuestras instituciones democráticas y a la justicia.
Cuentan que en la cultura Cherokee, existe una historia conocida como la “Leyenda de los Dos Lobos”. En esta leyenda, cada lobo representa una fuerza, nuestra propia fuerza en conflicto dentro de nosotros. En nuestro análisis, uno de estos lobos es el Totalitarismo, representado por Noam Chomsky, y el otro es la Libertad, representado por Thomas Sowell.
El lobo de Chomsky simboliza un enfoque más ideológico y utópico, a veces criticando la realidad sobre la base de oníricas teorías utópicas, a veces, las más, ignorando las consecuencias prácticas de sus ideas. Por otro lado, el lobo de Sowell representa un enfoque basado en el pragmatismo y el análisis empírico, enfatizando la importancia del pensamiento crítico, la evidencia histórica y el respeto por las instituciones democráticas.
En la leyenda, se nos recuerda que el lobo que alimentamos es el que crece. En este sentido, al alimentar el lobo de Sowell, podemos desarrollar una comprensión más equilibrada y constructiva de los problemas sociales y políticos. Al final, la elección es nuestra: ¿alimentaremos el lobo del totalitarismo o el de la libertad?
En mi caso, y por si no ha quedado bien claro, elijo “más Sowell (Thomas) y menos Chomsky (Noam)”.
Amnistía Internacional. El conflicto de Gaza: información sobre derecho aplicable, investigaciones y rendición de cuentas. Madrid: Editorial Amnistía Internacional; 2009. 30 p. Available from: https://www.amnesty.org/en/documents/mde15/007/2009/en/
Brieger P. El conflicto palestino-israelí. 100 preguntas y respuestas. 1ª ed. Buenos Aires: Capital Intelectual; 2010. 76 p.
