Por José Alberto González Cáceres
Washington no debe confundir una salida oligárquica con una transición democrática. Una respuesta a Michael J. Bustamante y Ricardo Herrero, “Cuba’s Only Choice” en Foreign Affairs.
Michael J. Bustamante y Ricardo Herrero aciertan en lo más importante: a Cuba se le acaba el tiempo. La red eléctrica de la isla se desmorona, su base productiva se ha podrido y más de una décima parte de su población se ha marchado desde 2020. La presión energética de la administración Trump ha convertido una enfermedad crónica en una crisis aguda, y el riesgo de colapso humanitario, estallido social, migración masiva y escalada militar a noventa millas de Florida es real. Una salida negociada puede ser necesaria…
Pero una negociación no es automáticamente una transición democrática. Y ahí es donde falla su argumento. “Cuba’s Only Choice” contiene pocos hechos falsos. Su prestidigitación está en la gramática: en quién aparece como sujeto de la acción y quién como objeto de lo que otros deciden; en qué tramo de la historia se ilumina y cuál queda en sombra; en los sustantivos elegidos para nombrar la represión. El resultado es una defensa sofisticada de un arreglo que no rescataría a la nación cubana, sino al aparato que la ha gobernado tiránicamente durante casi siete décadas: un acuerdo vendible como victoria en Washington, aceptable para determinados «insiders» del régimen y negociado sin mandato democrático del pueblo cubano.
La objeción no es a la negociación. La diplomacia puede ser inevitable, y rechazarla por principio sería estratégicamente irresponsable. La objeción es confundir negociación con democratización cuando la arquitectura del acuerdo está diseñada para estabilizar al aparato y producir una victoria presentable en el exterior.
El director equivocado.
El título ejecuta la primera sustitución. No dice “la única opción del régimen”, ni “la de los oligarcas de GAESA”, ni “la del Partido Comunista”, o “la tiranía que oprime a su pueblo”. Dice Cuba. Sin embargo, el propio artículo describe una estructura de poder fracturada: el círculo sobreviviente de Raúl Castro, el conglomerado militar-empresarial GAESA, los servicios de seguridad y la burocracia partido-Estado. Esas instituciones tienen intereses. No tienen legitimidad democrática. Y ambas cosas no son intercambiables.
Por tanto, hay que formular la pregunta que el artículo intenta esconder. Cuando Bustamante y Herrero escriben que La Habana debería “conservar voz” en el desenlace, ¿Quién es La Habana? ¿Los presos políticos? ¿Las madres que reclaman la liberación de sus hijos? ¿Los miles que salieron a las calles en casi cincuenta ciudades en julio de 2021, en las mayores protestas antigubernamentales nacionales en décadas? ¿Los periodistas independientes, los trabajadores sin sindicatos libres, los ciudadanos que nunca han elegido a su gobierno en una votación competitiva? No es ninguno de ellos. “La Habana” significa el aparato, el castrismo, o sea: una cleptocracia kakistocrática post-totalitaria, castrismo.
La distinción es elemental, e indispensable: Cuba no es La Habana; La Habana no es GAESA; GAESA no es la nación, la familia castro no es el pueblo, y la tiranía no es gobierno legítimo. El peligro no consiste en que el régimen conserve demasiada o demasiado poca capacidad de negociación. El peligro es que a una coalición que negó a los cubanos toda agencia política durante siete décadas se le entregue, una vez más, el derecho a negociar su futuro en nombre de ellos.
El problema de una “Delcy cubana”.
La búsqueda de una “Delcy cubana” —una figura interna capaz de administrar un realineamiento controlado comparable al arreglo pos-Maduro imaginado para Venezuela— puede resultar atractiva para decisores que buscan una salida rápida y ordenada. También es un atajo peligroso.
La falta de un sucesor evidente fuera del aparato existente no es un argumento para empoderar a un insider. Es una de las principales consecuencias de la represión. Los autoritarismos paranoides de matriz estalinista no se limitan a derrotar opositores: impiden que el liderazgo autónomo emerja antes de adquirir forma institucional. Decapitan la sociedad civil, criminalizan la organización independiente, encarcelan o empujan al exilio a los disidentes, penetran iglesias, asociaciones profesionales, universidades, sindicatos y espacios culturales, y convierten la política misma en monopolio del Estado de seguridad.
Eso es precisamente lo que ha hecho el castrismo. No solo ha gobernado mafiosamente Cuba; ha castrado políticamente a la nación al destruir, deformar o forzar al exilio a la clase dirigente que una transición democrática necesitaría. Durante décadas, el Estado ha impedido sistemáticamente el desarrollo libre de instituciones autónomas, liderazgos políticos alternativos, medios independientes, organización laboral y sociedad civil.
La ausencia de alternativas visibles, por tanto, no demuestra que esas alternativas no existan. Demuestra que el régimen les negó espacio legal, continuidad organizativa, visibilidad pública y protección frente al castigo. Una sucesión administrada puede reducir la incertidumbre inmediata. Pero también puede atrincherar a las mismas instituciones que produjeron la crisis. Si Washington privilegia a un interlocutor conveniente surgido de la jerarquía existente, corre el riesgo de confundir la supervivencia del aparato con la estabilización del país, y de convertir al pueblo cubano en espectador de otro pacto de élites sobre su futuro.
El objetivo no debe ser encontrar un funcionario cubano capaz de entregar la isla. El objetivo debe ser crear condiciones para que los cubanos puedan elegir a su gobierno, reconstruir sus instituciones y generar liderazgos sin pedir permiso a la maquinaria que pasó décadas convirtiendo el liderazgo en delito.
El riesgo del reciclaje dinástico.
Esta preocupación no es abstracta. Contactos recientes entre Washington e interlocutores cubanos han puesto el foco sobre Raúl Guillermo Rodríguez Castro —conocido como “El Cangrejo”—, nieto de Raúl Castro, antiguo escolta personal e hijo de uno de los arquitectos de GAESA. Su aparición no prueba una sucesión predeterminada, y sus intenciones son desconocidas. Pero obliga a plantear una pregunta institucional: ¿por qué una figura cuya relevancia aparente deriva de su proximidad a la familia gobernante y a los servicios de seguridad, no de un mandato electoral ni de un cargo público transparente, debería adquirir influencia sobre conversaciones relativas al futuro de una nación?
Una red familiar no se vuelve responsable porque adopte un vocabulario más pragmático. Una estructura militar-dinástica no se convierte en institución porque acepte negociar. Y un beneficiario de un sistema opaco no se transforma en reformista porque Washington lo encuentre útil. Las salidas individuales pueden ser necesarias para reducir el derramamiento de sangre. Pero una salida para individuos no debe convertirse en una vía de escape para el sistema tiránico.
Dos relojes.
Un análisis serio de esta crisis debe mantener dos relojes funcionando a la vez.
El primero es crónico. El sistema eléctrico cubano era frágil mucho antes de la escalada actual: termoeléctricas envejecidas, privadas de mantenimiento y financiamiento; averías crónicas; dependencia del combustible importado; una economía vaciada por la centralización y la caída de la productividad.
El segundo reloj es agudo. La presión energética de 2026 agravó bruscamente la emergencia: colapsaron los envíos de combustible, los apagones se extendieron hasta rozar las veinte horas diarias y expertos en derechos humanos de Naciones Unidas advirtieron sobre las consecuencias humanitarias de lo que llamaron la “inanición energética” de la isla.
Ambos hechos son ciertos. Un argumento honesto se niega a sacrificar cualquiera de los dos. La Habana no puede usar el embargo histórico como coartada universal para seis décadas de fracaso. El embargo nunca ha sido el cordón hermético que proclama el régimen: el comercio autorizado ha continuado, y las exportaciones estadounidenses de bienes a Cuba alcanzaron los 810.8 millones de dólares en 2025. Pero vale la pena preguntar qué ocurrió realmente, más allá de la interrupción de una relación crónica de subsidio. La dependencia cubana de combustible subsidiado o políticamente mediado por protectores externos forma parte de la historia, no es un detalle ajeno a ella.
¿Acaso el régimen castrista no recibió petróleo desviado del patrimonio del pueblo venezolano —e incluso del pueblo mexicano—?
La presión no creó la fragilidad cubana; golpeó a un cuerpo ya enfermo. El régimen produjo y profundizó esa vulnerabilidad durante décadas. Washington intensificó el shock. Cualquier política digna del pueblo cubano debe sostener ambas verdades a la vez: la disciplina que el artículo abandona cuando reconoce la agencia del régimen en el diagnóstico, pero la diluye en la prescripción.
La advertencia del Período Especial.
Cuba ya perdió un patrón externo. Y lo que hizo entonces es la advertencia más clara de cómo puede responder ahora. Tras el colapso soviético, la isla entró en lo que el gobierno llamó “Período Especial en Tiempo de Paz”: un eufemismo para una catástrofe nutricional y social políticamente mediada. Entre 1991 y comienzos de 1994, las autoridades sanitarias cubanas registraron 50,862 casos de neuropatía óptica y periférica epidémica, una cifra auditada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos y examinada en The New England Journal of Medicine. La evidencia vinculó el brote con la reducción de la ingesta nutricional en medio del deterioro económico, agravada por otros factores de riesgo, incluido el tabaquismo.
Una epidemia nacional de pérdida visual y disfunción nerviosa periférica de esa magnitud no puede despacharse como un accidente clínico aislado. Como neurólogo, la veo como la huella fisiológica de una catástrofe nutricional que el Estado conocía mientras preservaba su monopolio político y rechazaba reformas que podían amenazar su control. Pero determinadas decisiones merecen investigación jurídica es asunto de futuros tribunales independientes y archivos abiertos. La lección institucional no requiere tal conclusión.
Cuando colapsó su sistema de subsidios, el régimen preservó su monopolio político y empujó hacia abajo, hacia el pueblo, los costos de la crisis. No aceptó ni siquiera el tipo de reformas autoritarias de mercado que China adoptó en 1978 y Vietnam en 1986: reformas que no crearon pluralismo político, pero sí relajaron el control estatal sobre la producción, los incentivos y la escasez. La escasez operó, objetivamente, como una fuerza disciplinaria sobre una población consumida por la supervivencia. Ese patrón reaparece hoy. Y la premisa del artículo —que la carga de evitar la catástrofe recae ahora sobre La Habana— ignora lo único que sabemos empíricamente sobre cómo se comporta La Habana bajo catástrofe: protege al aparato mientras transfiere a la población el peso de la escasez.
Un Estado que depende reiteradamente de protectores externos, posterga la reforma estructural y protege su aparato coercitivo mientras se deterioran los servicios esenciales no debe ser tratado como víctima pasiva del clima geopolítico. Sus prioridades forman parte de la causalidad.
Recapitalizar a la sociedad, no al carcelero.
Cuba no debe llamarse, sin más, un “Estado fallido”. La frase es demasiado laxa y oculta el dato más revelador. El Estado no ha fallado en todos los dominios. Falla la electricidad. Falla el transporte. Falla la distribución de alimentos. Falla el sistema de salud. Falla la infraestructura. Pero la vigilancia no falla al mismo ritmo. La capacidad de detener e intimidar permanece desproporcionadamente intacta. Y la prisión no se queda sin electricidad veinte horas al día. Esto no es colapso generalizado. Es capacidad asimétrica: un Estado debilitado para servir a los ciudadanos, pero todavía robusto para protegerse de ellos. La afirmación no es metafórica: organizaciones de derechos humanos siguen documentando arrestos, vigilancia, procesos penales y restricciones contra excarcelados mientras los servicios públicos se deterioran.
La pobreza estrecha las opciones de un Estado; la asignación persistente de sus recursos revela sus prioridades. Según las propias estadísticas del régimen, Cuba dirigió casi el cuarenta por ciento de la inversión estatal en el primer semestre de 2024 a actividades estrechamente vinculadas al turismo —hoteles, restaurantes, bienes raíces, alquileres y servicios empresariales—, unas catorce veces más que lo destinado a salud pública y asistencia social, mientras la ocupación hotelera rondaba apenas el veintiocho por ciento. Hoteles por encima de hospitales. Habitaciones vacías priorizadas mientras las familias luchan por encontrar medicamentos y leche. Esa decisión se tomó en La Habana, no en Washington. La misma lógica rige la seguridad. Incluso si se confirmaran los reportes sobre drones suministrados por Rusia e Irán, ningún arsenal de ese tipo crea una disuasión convencional creíble frente a Estados Unidos. La utilidad política del aparato no se agota en la defensa externa; cumple también una función interna central para la supervivencia del régimen: blindar al gobierno contra la protesta, la desobediencia y la fractura.
Por eso el capital, por sí solo, no liberará a Cuba. En una sociedad abierta, el capital se dispersa. En un Estado leninista, se filtra: pasa por aduanas, bancos, empresas vinculadas a los militares y permisos administrativos; puede ser capturado para recapitalizar exactamente las instituciones que produjeron la crisis. Cuba necesita inversión con urgencia. No se trata de negarlo. Se trata de negarse a reabastecer al carcelero. Washington debe ayudar a recapitalizar a la sociedad cubana sin recapitalizar el aparato que la mantiene cautiva.
Los derechos no son fichas de negociación.
El mismo principio rige para los presos políticos. Su liberación no puede ser una concesión que La Habana intercambia por oxígeno económico; es una obligación mínima de umbral.
Los indultos recientes ilustran el peligro. Amplias amnistías fueron presentadas como gestos humanitarios, pero organizaciones independientes cuestionaron su opacidad e informaron que críticos fueron excluidos o permanecieron bajo vigilancia y condiciones restrictivas. Un gobierno no merece crédito diplomático por dejar de encarcelar arbitrariamente a las personas, ni puede convertir la excarcelación selectiva o la libertad condicionada en moneda política. La transición comienza cuando los derechos dejan de depender de la discreción del régimen. Tampoco puede presentarse el conflicto como pura agresión externa. Las décadas de prisión, exilio, despojo y vigilancia constituyen un expediente doméstico. También lo es la confiscación que una comisión estadounidense de reclamaciones certificó hace tiempo en casi seis mil casos.
La rendición de cuentas no es venganza. Pero debe diseñarse institucionalmente. Una promesa general de impunidad traiciona a las víctimas; el castigo colectivo traiciona la transición y entrega a los «insiders» del régimen una razón para resistir hasta el final. La respuesta es justicia transicional: preservación de archivos, verdad pública, debido proceso, responsabilidad individualizada, reparaciones y una línea clara entre altos perpetradores y funcionarios sin culpabilidad penal. La acusación federal contra Raúl Castro por el derribo en 1996 de dos aeronaves de Hermanos al Rescate es un paso hacia la rendición de cuentas, sujeto al debido proceso; y, al mismo tiempo, un acontecimiento que puede reducir el incentivo de la élite para negociar.
La paz sin justicia abandona a las víctimas. La justicia sin diseño institucional puede elevar el costo humano de la transición. La tarea consiste en negarse a sacrificar cualquiera de las dos. El artículo sí reconoce la necesidad de excarcelaciones y reforma política. Pero cuando justicia y estabilidad entran en tensión, subordina repetidamente la primera a la segunda.
La opción que debe nombrarse.
La alternativa no es la confrontación interminable, ni el aventurerismo militar, ni el compromiso incondicional. Y tampoco es un pacto cerrado entre Washington y los administradores de la dictadura. La alternativa es una negociación verificable centrada en la ciudadanía cubana. Washington debe calibrar la presión contra el aparato coercitivo y militar-económico, mientras protege canales humanitarios que lleguen directamente a la gente común: alimentos, medicinas, combustible para servicios civiles, conectividad independiente, remesas y apoyo a la empresa genuinamente privada, sin tratar nada de eso como recompensa al régimen. Castigar a la casta; alimentar al pueblo.
El alivio de sanciones debe secuenciarse en función de cambios institucionales, no de promesas. Eso significa liberación incondicional de los presos políticos y acceso independiente a las prisiones; legalización de organizaciones cívicas, sindicatos, medios independientes y partidos; transparencia y escrutinio externo de GAESA, con un divorcio progresivo entre las Fuerzas Armadas y el poder comercial; protección de la propiedad y los contratos y un proceso justo para las reclamaciones históricas; salvaguardas contra la represalia política y contra la venganza indiscriminada; justicia transicional con debido proceso; y un calendario creíble para elecciones competitivas bajo observación internacional. Los estatutos estadounidenses relevantes ya apuntan hacia esos criterios. La democracia cubana no debe redactarse en Washington. Pero tampoco puede llamarse transición a cambiar el personal mientras se dejan intactas las estructuras coercitivas. Un acuerdo puede ser necesario. El monopolio de la nomenklatura sobre ese acuerdo no lo es.
Si La Habana rechaza incluso pasos verificables mínimos —liberación incondicional de presos políticos, acceso independiente a prisiones, espacio legal para organización cívica y límites transparentes a GAESA—, Washington no debe comprar estabilidad recapitalizando al aparato coercitivo. El escenario alternativo no es invasión ni espera pasiva del colapso, sino presión sostenida y focalizada sobre la élite militar-económica, ampliación de canales humanitarios fuera de la captura estatal, apoyo a la sociedad civil independiente, coordinación regional migratoria y una oferta permanente de alivio secuenciado a cambios institucionales observables.
Un acuerdo con los cubanos, no solo con sus tiranos.
Cuba necesita negociación. Necesita capital. Necesita electricidad, alimentos, medicinas, infraestructura funcional y acceso al financiamiento internacional. Necesita una relación racional con Estados Unidos. Pero, por encima de todo, necesita instituciones capaces de proteger a sus ciudadanos del poder arbitrario. Washington no debe utilizar la desesperación de la isla para imponer una nueva dependencia. La Habana no debe poder usar la soberanía nacional como escudo de un monopolio político que ha despojado a los ciudadanos cubanos de su soberanía durante décadas.
La pregunta central no es si los gobernantes de Cuba pueden asegurarse una salida aceptable para ellos y para Washington. La pregunta es si los cubanos podrán recuperar el derecho a determinar su propio futuro. Un acuerdo puede ser necesario. Pero un acuerdo que estabilice al Estado sin desmontar su monopolio coercitivo solo aplazaría la crisis; no la resolvería. Sustituiría un modelo agotado de autoritarismo por otro: quizá menos ideológico, quizá más transaccional, pero todavía organizado alrededor del mismo hecho básico: el ciudadano seguiría subordinado a un aparato que no eligió y no puede remover.
Tampoco debe permitirse que una negativa de La Habana convierta la política en un falso dilema entre invasión y rendición. Si el régimen rechaza pasos mínimos verificables, la alternativa no es recapitalizar al carcelero en nombre de la estabilidad. Es mantener presión sostenida sobre la élite coercitiva y militar-económica, ampliar canales humanitarios fuera de la captura estatal, apoyar a la sociedad civil independiente, coordinar regionalmente la crisis migratoria y mantener una oferta permanente de alivio gradual condicionada a cambios institucionales observables.
La única opción duradera de Cuba no es la supervivencia administrada. Es una transición verificable hacia la libertad.
Coda
“Cuba’s Only Choice” reproduce, con demasiada poca distancia, la frase “proyecto revolucionario” para describir lo que, después de casi siete décadas, se entiende mejor como una estructura institucionalizada de conservación del poder: hereditaria en sus redes, militarizada y patrimonial. Una revolución que necesita heredarse ha dejado de ser revolución.
El título correcto no es “la única opción de Cuba”, una fórmula que entrega el argumento en su primera palabra al confundir la nación con quienes la administran. La opción digna para Cuba no es negociar la supervivencia de sus carceleros, sino convertir cualquier negociación en el comienzo verificable del fin del sistema que tomó a la nación como rehén.
La estabilidad no puede significar impunidad. La negociación no puede significar reciclaje dinástico. La apertura económica no puede significar supervivencia del monopolio. Y la soberanía no puede seguir siendo el nombre solemne que una casta gobernante da a su pretendido derecho de decidir por un pueblo al que nunca permitió decidir.
El mayor riesgo del artículo no es un déficit de inteligencia. Es el uso político que puede darse a esa inteligencia: vestir una estrategia de supervivencia oligárquica con el lenguaje de la necesidad histórica. La acusación contra la recapitalización del carcelero no necesita inflación retórica; el expediente documentado es suficientemente grave.
La pregunta central nunca fue si La Habana puede conservar voz. Es si los cubanos podrán, por fin, adquirir una. Y cuando la sofisticación hace que la continuidad parezca inevitable, el análisis ha dejado de iluminar. Ha comenzado a anestesiar.
Referencias
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22 U.S.C. § 6065. Requirements and factors for determining transition government. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/6065
22 U.S.C. § 6066. Requirements for determining democratically elected government. https://www.law.cornell.edu/uscode/text/22/6066
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